Hay que refundar la ONU. La Nación
Artículo de Emma Bonino y Gianfranco Dell'Alba. Diario La Nación.

ESTRASBURGO.

La guerra en Irak planteó en forma descarnada la cuestión del orden internacional y, en particular, el papel de las Naciones Unidas. Para muchos, es obvio: garantizar el derecho internacional y la legalidad. Quienes así piensan sostienen la necesidad de devolver prontamente a la organización la estatura que le restó la invasión liderada por Estados Unidos. Sólo así imperará la ley entre las naciones.

Para ser una auténtica sede de la legalidad internacional, la ONU debe convertirse en una organización afianzada en su propia legitimidad, capaz de funcionar sin las interminables dilaciones, vetos, indecisiones y renuencias a asegurar el acatamiento de sus decisiones.

La ONU nació como una comunidad de naciones comprometidas a salvaguardar y promover los valores medulares de la lucha contra el nazismo y el fascismo. En sus orígenes, fue un club bastante exclusivo, limitado a los cincuenta países signatarios de su Carta. Esta, en su artículo 53, definía a los países del antiguo Eje fascista como "estados enemigos" de la ONU. Por eso Italia debió esperar hasta 1955 para ser admitida, Japón lo fue sólo en 1956, y Alemania (Federal), en 1973.

La Carta de las Naciones Unidas era, por sobre todo, un manifiesto de Estados comprometidos con la libertad y la justicia. También contenía una serie de objetivos políticos específicos: descolonización y autodeterminación de los pueblos, progreso social y promoción de los derechos humanos fundamentales. Pero el comienzo de la Guerra Fría y la aparición del Movimiento de Países No Alineados frustraron progresivamente las intenciones de los miembros fundadores. En verdad, nos hemos alejado tanto del espíritu original de la Carta que hoy nos parece natural que las dictaduras juzguen a las democracias y que Libia presida la Comisión de Derechos Humanos.

La Carta facultaba a la ONU para reaccionar contra amenazas a la paz y el orden internacionales provenientes de países que no fuesen miembros. Según una cláusula que nunca se implementó, los signatarios debían proporcionar contingentes que estarían bajo el mando del Comité de Estado Mayor, integrado por los jefes de Estado Mayor de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En este contexto, el poder de veto conferido a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial no se aplicaba a los conflictos "internos" entre Estados miembros, sino únicamente a los casos en que la paz se viera amenazada por países ajenos a la ONU.

Con el tiempo, la ONU experimentó una transformación por obra de dos factores:

La presencia de dictaduras entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad la paralizó y convirtió en letra muerta numerosas cláusulas de la Carta.

El ascenso del Movimiento de Países No Alineados, creado por Chou En-lai, Nehru y Tito en 1955, lanzó una especie de ideología sustituta de la ONU que reafirmaba enfáticamente el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y su primacía por sobre los derechos individuales proclamados en el artículo 1 de la Carta. Asimismo, No Alineados defendió el principio de que todo Estado soberano tenía derecho a ser miembro de la ONU. De ese modo, la ONU dejó de ser un club de países que compartían los mismos valores para convertirse en un foro amorfo de la comunidad internacional, un cuerpo confuso que nunca investiga las credenciales democráticas de sus miembros.

Mecanismos por cambiar

La ONU actual, que confía la protección de derechos humanos fundamentales a países que figuran entre los máximos violadores de esos mismos derechos, ya no es aceptable.

Debemos modificar no sólo sus mecanismos internos, sino también su composición. Necesitamos una "Organización Mundial de Democracias" dedicadas a promover los valores originales de la ONU, incluidos la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos.

Podría organizarse siguiendo, por ejemplo, el modelo de la Organización Mundial del Comercio o el Consejo de Europa. Este último merece ser imitado porque condiciona la admisión y permanencia de sus miembros al acatamiento de normas democráticas específicas. Así, los países de la ex Unión Soviética debieron adaptar su legislación para poder ingresar.

La nueva ONU debería hacer lo mismo: supeditar el ingreso y permanencia de sus miembros al respeto de los compromisos internacionales asumidos por cada Estado, empezando por la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En estos últimos años, la democratización de varios países, a menudo precedida por reformas dolorosas, ha demostrado que, así como se globalizó el comercio, también se puede "globalizar" la democracia. Sin embargo, otras naciones se obstinan en mantenerse fuera de este orden democrático emergente y algunas democracias están virando tal vez hacia el autoritarismo. ¿Esto no debería incidir en su estatus internacional?

Debemos refundar la ONU basándonos en sus principios originales. El requisito para admitir a un país no debería ser su mera existencia, sino el cumplimiento de determinados criterios de gobierno democrático. La ONU debería poseer mecanismos para suspender, o aun expulsar, a los miembros que no respeten las normas democráticas (la Unión Europea los tiene).

Sólo esa ONU rehecha tendrá la legitimidad necesaria para reaccionar, en forma creíble, ante las amenazas a la paz y fomentar la libertad y los derechos humanos. Su refundación debería comenzar enseguida.Un buen punto de partida sería constituir, antes de la próxima Asamblea General, un comité de Estados democráticos que coordine las acciones de sus integrantes y establezca posiciones comunes.

© Project Syndicate y LA NACION

(Traducción de Zoraida J. Valcárcel)

Los autores son diputados del Parlamento Europeo por el Partido Radical Transnacional.

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