La suma de muchos errores
por Horacio Lynch - 3°
Reunión del Foro para la Reforma Política
En nuestro sistema republicano, el Poder Judicial cumple
dos funciones: como poder del Estado controla la constitucionalidad de normas
y de los actos de los otros poderes; como tribunal de justicia resuelve conflictos.
En ambas ha errado, aunque en distintas épocas y por diferentes razones,
y -salvo excepciones recientes- por equivocados conceptos más que por
falta de patriotismo o dedicación de sus integrantes.
Desde su instalación en 1862, la Corte Suprema rehuyó
el conocimiento de conflictos institucionales pensando que, manteniéndose
alejada de éstos, podría resguardar mejor su independencia. Desgraciadamente
no hizo lo uno ni logró lo otro. Ya a fines del siglo XIX lo lamentaban,
por ejemplo, Estanislao Zeballos y Clodomiro Zavalia.
A partir de la década del 30 sumó equivocaciones
en el control de la constitucionalidad, no resistiendo el impacto del avance
planificador del Estado y permitiendo su crecimiento desmesurado bajo la aparente
vigencia de nuestra constitución liberal.
La Justicia no ha aportado mucho a nuestra maltrecha seguridad
jurídica y, por consecuencia, al crecimiento económico. Fracasó
en la lucha contra la corrupción y, al final, terminó contagiada.
También en su tarea de distinguir entre culpables e inocentes. Con un
errado espíritu de cuerpo (similar al de los abogados), tampoco se ha
esforzado en mejorar su performance o aumentar el tiempo de trabajo.
En buena medida, esto ocurrió porque la sociedad
se desinteresó por su suerte. Durante muchos años, en Fores predicamos
en el desierto. Además, desde el juicio político de Perón
a la Corte Suprema, en 1947, y la remoción de jueces producida con la
Constitución de 1949, el Poder Judicial perdió estabilidad, lo
que dificultó el correcto control de constitucionalidad.
Frente a los gobiernos legítimos, cuando debía
controlarlos estrictamente para ayudarlos a crecer en la senda constitucional,
buscó acompañarlos antes que oponerse, creyendo que así
cumplía mejor su tarea.
No hay duda de que los abogados tenemos responsabilidad.
De los 150 años de vida institucional, 81 estuvimos gobernados por presidentes
que fueron abogados, y más de la mitad de los legisladores y la totalidad
de los jueces también lo son. Colaboramos con la "inflación
legislativa" que envileció la ley. En general ponemos más
énfasis en la enseñanza de los derechos que de las obligaciones,
como si pudieran concebirse separados. Nunca explicamos bien cómo los
golpes de Estado no tienen como únicos responsables a quienes los cometen,
sino también al sistema y a los partidos políticos que fallan.
En los años 70 no supimos explicar que la violencia
y el abandono de las vías legales sólo conducen a tragedias y,
luego, al horror de la represión ilegal. No protegimos los intentos civilizados
de defensa de la sociedad.
En estos momentos me preocupa la suerte de nuestro sistema
de control de constitucionalidad que debe ser ejercido con prudencia si no se
quiere caer en el indeseado "gobierno de los jueces". La crisis terminal
desatada en diciembre de 2001 provocando un festival de amparos, que son la
exageración contraria de la anterior excesiva cautela o laxitud, puede
producir un efecto igualmente nocivo.
Sin embargo, y a pesar de todo, tengo esperanzas en el futuro.
Hoy existe un clamor ciudadano por la Justicia. Los avances logrados en la Mesa
del Diálogo de la Iglesia y el PNUD son auspiciosos. Y, por sobre todas
las cosas, contamos con la mejor calidad del principal recurso: el capital humano.
Hay que saber elegirlo.
Dr. Horacio Lynch. [ C.V.
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