Cierre de la Tercer Reunión del Foro para la Reforma Política
por Miguel Sanguinetti - 3° Reunión del Foro para la Reforma Política

1.- Me toca a mi cerrar las exposiciones del panel, dándoles a conocer algunas de nuestra propuestas sobre el tema Política y Justicia.

Hemos ceñido nuestro aporte a visualizar el modo en que la dirigencia política ha ido penetrando en los distintos poderes del Estado, poniéndolos a su servicio y subalternizando su funcionamiento.

No haremos un análisis técnico de cómo mejorar el funcionamiento de la Justicia sino que intentaremos mostrar de que manera la dirigencia política manipula y gobierna a la Justicia, impidiendo que sea un verdadero Poder del Estado, sustrayéndole su independiencia sin la cual es imposible que cumpla los altos fines previstos en la Constitución Nacional.

2.-Las propuestas no han sido concebidas de modo abstracto o general sino que se enmarcan en la crítica situación en que vivimos y apuntan a revertir esa situación.-

En primer lugar debo decir que nos encontramos con un Estado acéfalo ya que
el desajuste institucional que vivimos ha hecho zozobrar a los tres Poderes del Estado. No tenemos Poder Ejecutivo, ni Poder Legislativo, ni Poder Judicial.

Ya desde mucho antes que renunciara, De la Rua no gobernaba. El país no tenía Presidente. Los que le siguieron, a quienes en un abuso del lenguaje se llamó presidentes, tampoco lo fueron ni gobernaron. Tampoco es Presidente, ni gobierna, el Dr. Duhalde que no es más que un mandatario transitorio pero no “el Presidente de los Argentinos”.

No lo eligió el pueblo sino una Asamblea de legisladores (que no representan al pueblo) y que hoy le ha dado la espalda. Por otra parte, aunque con efecto diferido hasta el 25 de mayo de 2003, ha renunciado.

Tampoco tenemos Poder Legislativo, porque sabemos que los diputados y los senadores que tenemos no representan al pueblo; sólo representan a los partidos que los designaron. El pueblo ha marcado a fuego su falta de representación con esa frase que, más alla de su acierto o de su desacierto, señala su categórico rechazo: que se vayan todos.

Finalmente no tenemos Poder Judicial. El Poder Judicial, custodio de la Constitución y de nuestros derechos no es independiente en la Argentina, y si no lo es no es un Poder del Estado.

No se creó un Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado, para que sirviera de ladero o de justificador de las políticas de los gobernantes.

Sin embargo la Corte que tenemos es bien conocida como la Corte “menemista”, la de las mayorías automáticas. Todos nuestros presidentes han querido tener una Corte propia, Duhalde no fue la excepción, para lo cual intentó quitársela de encima con el fracasado intento de juicio político.

La ciudadanía en su casi totalidad le dio –en esa emergencia- la espalda al Poder Judicial; le era indiferente que la Corte fuera removida o nó. La percepción, más o menos pública, de que el juicio político era una especie de golpe de Estado contra el Poder Judicial tampoco conmovió a la sociedad.

Esto es grave, porque una sociedad que le da la espalda a su Justicia se expone a quedar indefensa frente a los abusos del poder.

Este es el meollo de este panel.

Nuestra primer propuesta es que hay que realizar una profunda reflexión social para que la ciudadanía redescubra el valor de la Justicia, la revalorice como institución de la República, la respete y la defienda; que comprenda que sin ella volvemos a la selva.

Es necesario reconciliar a la Justicia con el pueblo. Es necesario que la gente entienda que la Justicia es una institución creada para él, para servirlo y defenderlo.

Que debe estar integrada por jueces probos, independientes e idóneos.

Esa reflexión social que proponemos tiende, además, a que la sociedad defina cuál es la Justicia que quiere y cual es el perfil de los jueces que quiere.

Sólo así podrá la ciudadanía asumir a la Justicia como cosa propia, esencial para su vida democrática, para la vigencia de la Constitución y para la defensa de los derechos.

Deberá llevarse adelante una campaña permanente de difusión y de enseñanza del valor justicia, del respeto a la justicia, de la necesidad de defensa de la justicia, de vivir las virtudes de la justicia y que se integren en lo más profundo del alma de nuestro pueblo.

DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS

En segundo lugar proponemos un conjunto de medidas relacionadas con la designación y remoción de los magistrados judiciales, desde los miembros de la Corte Suprema hasta la de los jueces de primera instancia.

Esas medidas estan enmarcadas en los principios de Independencia en la designación, en la transparencia de la selección, en la idoneidad del ejercicio de la función y en la necesidad de la participación social.

Veamos el caso de la Corte:

a) cómo seleccionar a sus miembros:

Hoy las vacantes las llena el presidente con una persona de su confianza. Las selecciona él en su círculo más cercano y cuenta siempre con herramientas para que el Senado se lo apruebe.

De esa manera no hay independencia, transparencia, idoneidad ni participación social. Con ese sistema de designación nunca se llega a constituir el Poder Judicial creado por la Constitución, sino sólo tribunales, porque la Corte estará atada al Gobierno.

Proponemos que el Presidente deba elegir de una terna de candidatos que sea previamente seleccionada por concurso publico de oposición y antecedentes. Este sólo hecho nos garantiza los cuatro principios que hemos mencionado.

El Presidente, entonces, propone al Senado el candidato elegido, y dicho cuerpo deberá desarrollar en sucesivas sesiones abiertas al público y a la televisión, un coloquio mediante una intensa tarea de indagación y comprobación de la idoneidad profesional, moral y democrática del propuesto, como una reconfirmación de sus calidades para el elevado cargo en cuestión.

Con este procedimiento la ciudadanía comenzará a reconciliarse con la Justicia, y a hacerla propia, al ver que sus miembros son seleccionados con toda transparencia y dando la mayor garantía de idoneidad e independencia.

b) como removerlos:

Acá tenemos otra propuesta: debemos reconocer que la estabilidad de la Corte y de sus miembros es uno de los requisitos necesarios para asegurar su buen funcionamiento y su independencia.

Por eso proponemos que no sea posible iniciar más de un juicio político a la vez. Y que sólo cuando haya concluido el primero podrá iniciarse el siguiente.

La falta de límites al respecto le puede volver a abrir el apetito a algún otro gobernante. De esta manera impediremos que las necesidades políticas circunstanciales puedan comprometer el andamiaje institucional de la Constitución.

Veamos el caso de los camaristas y jueces

En lo que hace a los tribunales inferiores de la Nación el proceso de selección y remoción de magistrados está regulado por la ley de creación del Consejo de la Magistratura.

Esta ley ha tenido su acierto en cuanto dispone que la selección de magistrados judiciales se hará por concurso público de oposición y antecedentes. Esto eleva el nivel de idoneidad de los candidatos.

Pero escamotea el objetivo constitucional de proteger la independencia del Poder Judicial.

Los jueces que se designan con intervención del Consejo de la Magistratura están tan sometidos al poder político como antes. Con la diferencia de que ahora la gente no se da cuenta.

Para evitar que esto suceda es necesario introducir algunas reformas importantes a la composición y funcionamiento del Consejo, que minimicen la influencia política, que eviten la manipulación política de nombramientos y remociones de Jueces, que fijen condiciones para el desempeño de los Consejeros y que aseguren su dedicación

A tal fin se propone:

I.- Minimizar la influencia política en el Consejo.-

Aquí decimos que cuanto más lejos esté la influencia política de la Justicia más garantías de independencia tendrá.

A tal fin proponemos:

a) Suprimir 4 de los 8 Consejeros legisladores, para cumplir con el equilibrio que impone el art. 114 de la Constitución. Existe una sobrerrepresentación política, que altera seriamente el equilibrio de los representantes de los jueces y de los abogados.

b) Establecer que la participación del Congreso no se efectúe mediante legisladores sino mediante representantes – personas de elevadas condiciones de idoneidad profesional y moral- que nombren ambas Cámaras, que no sean legisladores.

c) Suprimir en la composición del Consejo la representación del Poder Ejecutivo.

II.-Evitar la manipulación política en los nombramientos y remociones de Jueces.-

Cuando dijimos que los jueces estan hoy tan sometidos al poder político como antes nos basamos en la sobrerrepresentación política existente en el Consejo y en que éste, de acuerdo con la ley de su creación, se reservó el derecho de modificar el orden de Méritos establecido por el Jurado en los Concursos que se realizan para cubrir los cargos en la Justicia.

Se reinstaura, sigilosamente, la vieja práctica de favorecer el nombramiento de los amigos, que verán seriamente comprometida su
independencia por ese favor.

A este respecto nuestra propuesta es bien clara y elemental: debe estar vedado al Consejo de la Magistratura modificar, por ninguna
razón, el orden que establezcan los jurados en sus pronunciamientos

Final: Si logramos introducir estas propuestas habremos establecido las condiciones para transformar la Justicia en un real y verdadero Poder Judicial; en la institución republicana, independiente, transparente e idónea que diseñó nuestra Carta Magna.

Dr. Miguel Sanguinetti.