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Los sobornos en el Senado
Por Joaquín Morales Solá para La Nación
Los sobornos en el Senado: entre la reacción de los dirigentes y la vida del arrepentido hasta su confesión Los políticos desfilan por la TV, pero no ante los tribunales El gobierno de Néstor Kirchner podría agitar las encuestas con el remozado escándalo del Senado. Pero podría también optar por hacer cosas más útiles. Por ejemplo, impulsar la reforma política que el Presidente necesita, aun cuando fuere por la mezquina razón de que muchos de los actuales miembros de la corporación política no terminarán de digerirlo nunca. Es la misma reforma que, a su vez, la sociedad reclama. Cualquier cambio de las normas políticas debe pasar por el Congreso mediante proyecto de leyes. ¿Aprobará el Congreso leyes que, en cualquier caso, significarían el suicidio político de muchos de sus actuales miembros? Pero el Congreso está ahora a la defensiva tras las explosivas declaraciones del ex secretario parlamentario del Senado Mario Pontaquarto. Sería ahora, para el Parlamento, mucho más desgastante negarse a una reforma que hacerla, aunque significare el sacrificio casi ritual de algunos sus integrantes. El "caso Pontaquarto" ha revelado, además, que aun los buenos son demasiado frívolos en la política argentina. El espectáculo de los últimos días, con un cortejo de políticos corriendo de un canal de TV a otro para promocionar quién fue más importante en el escándalo de los sobornos, mostró una imagen muy pobre. Apelotonados en la puerta de la TV, ninguno de los supuestos influyentes en el asunto de las coimas llamó ni siquiera por teléfono a los incansables fiscales del caso, Eduardo Freiler y Federico Delgado, para ayudar a esclarecer el asunto en la Justicia, que es donde debería concluir definitivamente la saga de buenos y malos. La escena del crimen Antonio Cafiero salió raudo a adueñarse del caso para opacar, no sin cierta subestimación, el papel del ex vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez. Pero no fue sólo Cafiero sino todo el PJ bonaerense. Este sector no estuvo en el escándalo de los sobornos porque no estaba en la escena del crimen; la casualidad lo encontró en otros menesteres. La oportunidad les sirvió a los bonaerenses para cubrir las muchas inculpaciones de los últimos tiempos sobre la relación promiscua entre la política y la corrupción policial en Buenos Aires. El propio Duhalde no podría responder una pregunta clave: ¿por qué hizo tanto para defender la estabilidad en el Senado de Luis Barrionuevo después de la quema de urnas en Catamarca? El propio Alvarez confundió en un momento la discusión política con el agravio personal a Fernando de la Rúa; el agravio desmerece más a quien lo comete. Sin embargo, a partir de la noche del domingo, Alvarez se retractó y volvió a encarrilar su discurso en los términos de refutaciones sólo políticas. De la Rúa no se quedó atrás y mezcló una investigación grave, como es el caso de los sobornos, con una denuncia sobre la vida personal de su ex vicepresidente, que, según éste, estuvo motorizada por la propia SIDE que controlaba el entonces presidente. La participación personal de De la Rúa en el caso sigue en la polémica. A su entonces ministro del Interior, Federico Storani, le tocó, en el momento cumbre del escándalo, pedirles la renuncia a los cargos al presidente provisional del Senado, José Genoud, y a los titulares de los bloques radical, Raúl Galván, y peronista, Augusto Alasino. Galván dimitió en el acto y Genoud pidió un plazo para no aparecer aceptando la imputación con ese gesto. "Quiero verle la cara" El diálogo entre Storani y Alasino fue sugestivo. De la Rúa se encontraba en China, en el viaje al exterior más largo que hizo como presidente. Cuando Storani le sugirió a Alasino que debía renunciar como jefe del bloque peronista, éste le reclamó una teleconferencia con De la Rúa en Pekín. "Quiero verle la cara a De la Rúa cuando me pide la renuncia", le espetó el duro ex senador peronista. Storani rechazó el reclamo y Alasino terminó renunciando. A Alasino lo reemplazó un triunvirato integrado por Gioja, De la Rosa y Raijner. Casualidad o no, los tres integran la lista de presuntos sobornados entregada por Pontaquarto. Rodolfo Terragno podría hablarles a los fiscales no sólo del enigmático decreto reservado 569/2000, que ordenó el desvío de recursos hacia la SIDE. Tal vez pueda contarles si tuvo alguna noticia, antes de asumir como jefe de Gabinete, de que las exposiciones mensuales del jefe de los ministros sólo eran aprobadas en el Senado, según una vieja costumbre, a cambio de prebendas. El juez Norberto Oyarbide demostró en un solo día que nunca mereció seguir siendo juez. Repuesto por los mismos senadores inculpados en una sesión hecha a hurtadillas en las horas posteriores al atentado del 11 de septiembre de 2001, que voló las Torres Gemelas de Nueva York, le tocó el viernes último tomarle la primera declaración judicial a Pontaquarto como juez subrogante. Esa misma noche regresó anticipadamente de sus vacaciones el juez titular de la causa, Canicoba Corral. Al día siguiente, Oyarbide dijo públicamente que las declaraciones de Pontaquarto le habían parecido "verosímiles", pero 48 horas después, el lunes, las calificó de "llamativas" y las descalificó. ¿Qué pasó durante el fin de semana? Oyarbide perdió el tiempo en contradecirse en lugar de convocar en el acto al otro testigo, el ex hombre de confianza del senador Remo Constanzo, Martín Fraga Mancini. Los senadores Gioja, Yoma y Verna nombraron durante 2002 y 2003 a Fraga Mancini en la máxima categoría de empleados del Senado. Cobra un salario de 3000 pesos mensuales. Ninguna corporación muere de muerte súbita. Por Joaquín Morales Solá Para LA NACION
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