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¿Hasta dónde se puede presionar a la Argentina?
Artículo del diario Clarín
En el pago de la deuda, no arriesgar la paz social es tan importante como no comprometer la credibilidad del país. Rosario Green. EMBAJADORA DE MEXICO, EX CANCILLER, EX SUBSECRETARIA GENERAL DE NACIONES UNIDAS. Durante el siglo XIX, varias repúblicas latinoamericanas debieron enfrentar graves reclamos, tanto de pagos de deudas soberanamente incurridas como de exigencias que iban desde compensaciones por daños a ciudadanos extranjeros resultado de las insurrecciones que caracterizaron a la región, hasta por nacionalizaciones. Estas reclamaciones extranjeras implicaron apropiaciones de aduanas, recursos e incluso porciones del territorio. Recuérdense las guerras entre Estados Unidos y México, que llevaron a este último a perder más de la mitad de su territorio entre 1845 y 1848. Años después, un México debilitado por el conflicto entre conservadores y liberales era invadido por la Alianza Tripartita (España, Francia e Inglaterra), con el pretexto de cobrar deudas no pagadas y proteger a sus ciudadanos, pero con el fin último de instalar a Maximiliano de Habsburgo como emperador. Hágase memoria también de otras historias de "filibusterismo", incluso ya en el siglo XX, cuya reminiscencia debería ponernos en alerta: la toma de las ciudades venezolanas de Maracaibo y Puerto Cabello por parte de varias potencias europeas con el fin de cobrarse deudas y el ataque de Estados Unidos al Puerto de Veracruz en 1914, cuyo verdadero objetivo fue interferir en los asuntos internos de un México en plena Revolución. Queda pues planteado que el ayer latinoamericano está plagado de intromisiones, embargos de puertos y aduanas, bloqueos, invasiones e incluso mutilaciones territoriales con propósitos que han ido desde "cobrarse lo justo" hasta interferir por consideraciones meramente expansionistas o "de seguridad". Estas prácticas dejaron heridas tan profundas que sus secuelas aún se manifiestan y, de tiempo en tiempo, en Washington se escucha la queja de que el "antinorteamericanismo" perdura en América latina. La cuestión es dilucidar si el hoy latinoamericano se encuentra bajo algún tipo de peligro similar. Los problemas de la deuda externa argentina parecen ideales para intentar esa reflexión. Para empezar, hay que señalar que ésta es una de las más importantes de la región, ya que se ubica en el entorno de los 150 mil millones de dólares. En segundo lugar, que en el crítico mes de diciembre de 2001 el entonces presidente, Adolfo Rodríguez Saá, declaró la suspensión de pagos de la deuda externa y que esta acción no fue bien recibida por la comunidad internacional. Después se vería que el default no incluía a los organismos multilaterales de crédito sino sólo a los prestamistas privados, que son el grueso de sus acreedores. Cuando la situación política se normalizó y la economía volvió a crecer, el actual mandatario, Néstor Kirchner, ofreció restablecer los pagos de la deuda con entidades privadas (82 mil millones de dólares sin intereses, 100 mil millones de dólares si se incluyen), si éstas aceptaban una "quita" del 75%. Los prestamistas, en su gran mayoría estadounidenses, calificaron la propuesta de "escandalosa" y más que sentarse a discutir y negociar se lanzaron a combatir. Como parte de su estrategia de lucha, algunos acreedores privados han acudido a la justicia solicitando el embargo de bienes e incluso cuentas bancarias del gobierno argentino en Estados Unidos. Argumentan que cuando un Estado toma créditos del exterior se somete a jurisdicciones extranjeras. Señalan que esto equivale a la renuncia de la inmunidad soberana por parte del país deudor, lo que permite a los acreedores pedir a sus propios tribunales que se tomen medidas cautelares para embargar activos. Sostienen, incluso, que existen antecedentes. Mencionan por ejemplo que varios títulos de deuda argentina emitidos en la década de los noventa incluyeron una "cesión de la inmunidad diplomática" que protege los bienes y los fondos del Estado en el exterior. Incluso, hay abogados que piensan que jueces estadounidenses podrían valerse de este argumento para ordenar el embargo de los edificios que el Gobierno posee en ese país y hasta disponer la incautación de los haberes de los funcionarios diplomáticos. En Estados Unidos, donde el derecho constitucional coexiste con la "common law", los precedentes son de vital importancia y el problema es que, en opinión de abogados de acreedores argentinos, como Marc Dreier, éstos existen, e ilustra su postura con el caso Elliot contra Perú, en el cual la justicia estadounidense decretó una medida cautelar a favor de su ciudadano y ésta fue apoyada por el Tribunal de Apelaciones de Bruselas: el país andino habría violado la cláusula de pago denominada pari passu, contenida en el instrumento de reestructuración de su deuda, que estipulaba el tratamiento igualitario a todos los acreedores extranjeros. Más allá de la válida referencia a principios legales, existen otras consideraciones de índole bien diferente pero de igual o mayor trascendencia. ¿Hasta dónde se puede presionar a un país que inicia su recuperación económica después de una prolongada crisis y cuando su democracia tiene apenas 20 años? ¿Cuáles serían las consecuencias de llevar la coacción hasta el extremo? ¿Cuánto se puede recuperar por esa vía y cuánto más se puede perder? Un análisis costo-beneficio aconsejaría prudencia a ambas partes. No arriesgar la paz social es tan importante como no comprometer la credibilidad del país. Hay pues espacio para proponer. No falta quienes afirman que un primer paso podría ser la aceptación del gobierno argentino de pagar los 18 mil millones de dólares de intereses adeudados a los acreedores privados. ¿Cuál sería entonces el quid pro quo de los acreedores si se parte de la base de que éstos sabían que la Argentina a la que le prestaban era una "economía emergente" que planteaba el riesgo, compartido con otras latinoamericanas, de no poder consolidar su crecimiento? Además, no debe perderse de vista el hecho de que cuando las naciones industrializadas tienen excedentes de capital, los países en desarrollo se vuelven más atractivos, y que ésta ha sido parte de la lógica y los incentivos que, junto con sus necesidades, llevaron a la región a endeudarse fuertemente. Ahí están los ejemplos de México, Brasil y la propia Argentina. Ahí radica también la esperanza de que, como en el caso de los dos primeros, en el del último se encuentre igualmente una solución negociada que sea aceptable. Volver al pasado de embargos y choques equivaldría a renunciar a la posibilidad de imaginar alternativas que construyan y afiancen convivencias armoniosas.
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