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Auspiciosa iniciativa de la Corte
Editorial. Diario La Nación.
La decisión de la Corte Suprema de firmar un convenio con un amplio espectro de organizaciones no gubernamentales con el fin de recibir asesoramiento en temas de reforma judicial es altamente encomiable e importa una verdadera apertura a la sociedad. Hace tres semanas, el tribunal, representado por su presidente, Enrique Petracchi, firmó un acuerdo de cooperación con la organización Argentina Justicia (Argenjus), que agrupa a las más destacadas entidades privadas que se dedican a estudiar esa problemática desde hace muchos años. El máximo órgano judicial aspira a introducir las reformas que contribuyan a facilitar un mayor acceso de los habitantes de la Nación al servicio de justicia y un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con que cuenta la Corte. Se trata de un programa de reformas que será realizado desde dentro del Poder Judicial, sin perjuicio de requerir la cooperación de otros poderes del Estado cuando fuere necesario, y que se ejecutará en forma paralela al anunciado por el Ministerio de Justicia. Esta propuesta nace de una iniciativa impulsada por el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra. El objetivo es poner en estrecho contacto -por primera vez en la historia argentina- a la Corte Suprema con el sector privado. La instrumentación del presente acuerdo estará a cargo de una junta directiva que será presidida por el titular del máximo tribunal y que estará integrada por Gil Lavedra -en representación de Argenjus- y por el senador Miguel Angel Piccheto como delegado del Consejo de la Magistratura. Como invitados especiales participarán los miembros del grupo permanente de Reforma Judicial de la Mesa del Diálogo Argentino, el foro de encuentro creado hace tres años a instancias del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Mañana, justamente, ese grupo de trabajo se reunirá en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ya que el decano de esa casa de altos estudios le ha ofrecido sus instalaciones para que funcione allí su sede permanente. La Corte también invitará a participar de este proceso de diálogo y apertura a la Procuración General de la Nación y a la Defensoría General de la Nación. El doctor Petracchi, en una entrevista publicada en La Nacion, ya anunció algunas medidas que se están tomando como parte del convenio que se ha suscripto, entre las cuales figuran el diseño de un mecanismo para transparentar el patrimonio de los magistrados del Poder Judicial federal, la creación de oficinas de información para guiar a la ciudadanía en las consultas que deba efectuar en relación con la defensa de sus derechos, el establecimiento de sistemas para evaluar el rendimiento de los jueces y la instalación de algunos tribunales que presten servicio las veinticuatro horas para atender asuntos urgentes, como pueden ser los casos de violencia familiar. La ejecución del acuerdo con las entidades del sector privado permitirá también conjugar los esfuerzos de personalidades destacadas del ámbito jurídico, de estudiosos y tratadistas, de organizaciones de bien público y de los titulares de los organismos estatales que actúan como operadores del sistema judicial. Desde hace muchos años, la ciudadanía reclama urgentes mejoras en el servicio de justicia. La iniciativa de la Corte, por la amplitud con la que ha sido formulada, así como por la voluntad de diálogo y la seriedad que trasluce, apunta a crear las condiciones adecuadas para empezar a satisfacer ese requerimiento. Por eso, merece recibir el respaldo de la ciudadanía y la colaboración de los demás poderes del Estado. Como lo dijimos en anteriores oportunidades, los cambios que se están impulsando deben ser considerados como parte de un esfuerzo aún mayor, orientados a producir la gran reforma general que la Justicia necesita.
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