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Asegurar el acceso a la información.
Nota de Carlos March en el diario Clarin.
La información en manos de los ciudadanos es transparencia preventiva. La información sólo en poder de los dirigentes es discrecionalidad garantizada. Los ciudadanos deben manejar la misma información que manejan quienes ejercen el poder y conducen las instituciones, para que se pueda peticionar y controlar a las autoridades. De la calidad de información pública que brinde el Estado depende la calidad de vida de los ciudadanos. La falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos y la ignorancia cívica que existe sobre los presupuestos públicos llevó al 60% de los argentinos a vivir en la indigencia, la pobreza y la vulnerabilidad. Un ejemplo del daño social que causa la inexistencia de leyes de acceso a la información se dio cuando la intervención federal asumió en Santiago del Estero y se encontró con información oculta —nadie sabía que existían cerca de quinientos millones de pesos depositados en las cuentas públicas— y engañosa —los índices de mortalidad infantil y desnutrición eran fraguados pues los médicos tenían prohibido registrar los casos que atendían—. Es decir que mientras la población ignoraba la existencia de recursos públicos y creía que la desnutrición era baja, el gobierno juarista sabía que cientos de chicos pasaban hambre y muchos morían desnutridos mientras se acumulaban fondos para el clientelismo. No exageran en nada las organizaciones de la sociedad civil que desde hace años impulsan la ley nacional de acceso a la información cuando afirman que negar el acceso a la información es negar el acceso a la democracia. La solución es muy simple. Una ley de no más de veinte artículos que consigne el derecho de todos los ciudadanos a recibir información del Estado; que establezca plazos para su entrega y sanciones a los funcionarios que incumplan; y que habilite la vía del amparo judicial en caso de que la información sea negada. Y estamos a días de tenerla. El proyecto de ley de acceso a la información tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde mayo de 2003. Si el Senado no le da tratamiento, el 30 de noviembre, fecha de finalización del período ordinario de sesiones, el camino recorrido se tornará en un callejón sin salida y se volverá al principio, pues el proyecto perderá estado parlamentario. El autor es Director Ejecutivo de Poder Ciudadano
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