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Sacar la reforma política del cajón
Artículo en el diarioLa Nación. Ricardo LópezMurphyy JulioBurdman

  Fecha: 14/04/2005

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La reforma es una verdadera tarea de reconstrucción, porque en los últimos años se ha deteriorado el marco institucional de la actividad política y la crisis de representación y credibilidad se ha profundizado.

Cumplidos ya casi dos años de gobierno, el debate sobre la reforma político-electoral parece estancado en la dirigencia. Esto se explica por dos motivos: porque el propio gobierno, tras innumerables movimientos y promesas, no impulsó sus propios proyectos, a pesar de que varios ministros -Alberto Fernández, Gustavo Beliz y Aníbal Fernández, sucesivamente- habían en su momento tomado ante la sociedad la responsabilidad de hacerlo; y porque el justicialismo, que controla el Congreso Nacional, ha "cajoneado" más de un centenar de proyectos preparados por legisladores de diversas fuerzas, desde 2002 a la fecha.

Pero nosotros no hemos cambiado al respecto: seguimos considerando la reforma política un aspecto central de nuestra propuesta. Creemos que la modernización de los partidos y de las prácticas electorales, guiada por el ideal de la política representativa, eficaz, participativa y transparente, será el punto de partida para recuperar nuestras instituciones democráticas: paso indispensable para volver a soñar con un país unido en su pluralidad, con un Estado nacional creíble, con verdaderas metas de desarrollo. Por eso, durante este año lucharemos en todos los foros de debate para sacar del cajón la reforma político-electoral.

Hoy, la reforma es una verdadera tarea de reconstrucción, porque en los últimos años se ha deteriorado el marco institucional de la actividad política y la crisis de representación y credibilidad se ha profundizado. Los partidos tradicionales están desmembrados, son poco más que una "cáscara vacía" -como decía nuestra adversaria en la provincia-, y por ello se han convertido en un peligro para la gobernabilidad. Las reglas de juego electorales estables prácticamente han desaparecido, ya que los presidentes de turno cambian a su antojo y, según su circunstancial conveniencia, las fechas y los sistemas para seleccionar candidatos. Las facultades legislativas de los presidentes han avanzado hasta niveles nunca antes conocidos. Y un galopante clientelismo, por medio de la asignación discrecional de subsidios entre punteros y piqueteros ha transformado el voto universal en una cuestión de aparato, sumisión y financiamiento vía cajas negras estatales.

Por ello, creemos que el proceso reformista de la política tiene que ponerse en marcha cuanto antes. También, con una política que todavía se está reacomodando después de su más profunda crisis, somos partidarios de una modernización amplia pero gradual y surgida de un gran consenso nacional. No creemos ni en las soluciones mágicas que luego fracasan por inaplicables, ni en las reformas unilaterales realizadas por una mayoría circunstancialmente en el poder que las diseña para beneficiarse, como sucedió en 1994. Los sistemas políticos modernos son mecanismos complejos y delicados: tampoco debemos caer, llevados por el entusiasmo, en el facilismo de querer convertir nuestro sistema electoral en un objeto de cirugía mayor por medio de una ley general. Estamos trabajando sobre la base de nueve reformas que afectan al sistema político nacional, que deberían debatirse y tratarse sucesivamente en diferentes proyectos de ley. Además de otras tantas peleas que daremos en provincias y municipios.

Los desafíos inmediatos son dos: fortalecer nuestra democracia representativa perfeccionando y adecuando sus leyes actuales (el Código Electoral, y las respectivas leyes de partidos políticos, internas partidarias, y de financiamiento de partidos y campañas electorales) y, sobre todo, reformando los instrumentos y los organismos de aplicación vigente. Con cuatro objetivos primarios en la mira: recomponer la credibilidad y representatividad de los partidos y sistemas electorales, lograr reglas de juego transparentes, limitar los superpoderes presidenciales y eliminar el clientelismo de nuestra vida política.

Las nueve leyes reformistas que proponemos son las siguientes:

Reafiliación a los partidos políticos. Sin depuración de los padrones, no será posible mejorar la vida interna de los mismos. Permitiendo que los afiliados antiguos mantengan su historia política (confirmando su afiliación original) y eliminando a los "truchos"

Reforma de la "lista sábana". Hay que impedir las grandes listas divorciadas de la gente. Nuestro proyecto es subdividir a los distritos que, ahora y en el futuro, superen las veinte bancas en la Cámara de Diputados. Para la provincia de Buenos Aires, proponemos aplicar las actuales secciones electorales que se utilizan para legisladores provinciales en los comicios para el Congreso nacional. Y en la Capital, crear dos distritos: uno al sur y otro al norte de la avenida Rivadavia (lo que permitirá representar mejor al Sur, hoy relegado por los barrios más ricos).

Ley de internas partidarias. Tras el atropello que realizó el justicialismo en 2002-3, debemos pensar en una nueva ley de amplio consenso. Nuestra propuesta son los comicios obligatorios y simultáneos pero restringidos al padrón de afiliados, para no asfixiar a las nuevas fuerzas políticas. Hoy, abrir las internas sólo perpetuaría a los grandes aparatos enquistados en el poder: somos partidarios de las internas abiertas pero dentro de diez años.

Creación de un Organismo Electoral Independiente, y su consiguiente reforma de la justicia electoral. La Argentina es el único país del mundo donde las elecciones las organiza el Poder Ejecutivo y las vigilan jueces federales sin competencia específica. Este sistema funcionó milagrosamente entre 1983 y 2001, pero desde entonces está al límite de su capacidad.

Nuestro proyecto es convertir a la actual Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, que organiza el acto electoral y sus escrutinios, en un organismo independiente (sin perder la experiencia ganada), que también tenga capacidad de auditar y detectar en tiempo real las violaciones a la legislación sobre partidos y financiamiento, y no años después, como sucede ahora. Y poner bajo jurisdicción de una cámara electoral transformada a los jueces y fiscales electorales.

Esta reforma que proponemos, una de las más complejas, es clave para lograr que las leyes se apliquen, que se hagan nuevas reformas y que el sistema no se siga deteriorando.

Pena de cárcel para el desvío de fondos públicos para campañas electorales. Este aspecto sigue ausente en nuestra legislación sobre financiamiento ilegal de campañas, que apunta sólo al sector privado e ignora la cuestión de las "cajas negras" (la denuncia de Gustavo Beliz). Nuestro proyecto apunta a la identificación con responsabilidad personal de los desvíos de fondos, con la intervención de fiscales electorales.

Unificación de fechas electorales para legisladores nacionales. Venimos enarbolando este proyecto desde hace tiempo y celebramos coincidir con el oficialismo en este caso. Pero creemos que hay que reformar el Código Electoral para fijar fechas fijas y dejar la convocatoria en manos del presidente, y no de los gobernadores.

Limitación de los decretos de necesidad y urgencia. Nuestra propuesta apunta a restringir su aplicación y dotar de mayor poder de contrapeso al Poder Legislativo.

Voto electrónico para cargos nacionales. Independientemente de su aplicación en elecciones provinciales -que apoyamos activamente-, proponemos una ley que favorezca su aplicación para elecciones de presidente y legisladores nacionales. Este sistema abarata costos para los partidos jóvenes y minoritarios, en desventaja frente a las grandes estructuras de fiscales de los partidos tradicionales.

Asimismo, además de estos proyectos reformistas en el nivel nacional que defenderemos desde nuestras bancas, en todos los frentes daremos batalla por otros temas que también harán a una mayor calidad de la política federal, provincial y local: por la eliminación de la ley de lemas en todo el país -la combatiremos en todas las provincias donde esté vigente-, por la creación de escuelas de funcionarios, vitales para que existan políticas de Estado, encontrando inspiración en el Servicio Exterior de la Nación; y por control y transparencia del gasto en la administración, Congreso y legislaturas, con publicidad total de resultados financieros de cada una de las dependencias y despachos en Internet.

Ya hemos presentado en el Congreso nacional seis de estos nueve proyectos, y dentro de un mes los habremos presentado todos. Nuestro compromiso con la reforma es absoluto y a las pruebas nos remitimos. Y no dejaremos de bregar para que el proceso se ponga en marcha. Creemos, como decíamos, que la reforma debe ser gradual y consensuada, y por ello hemos preparado proyectos diferentes para cada una de las áreas que necesitan ser repensadas. El tiempo transcurrido ya ha demostrado que la coalición oficialista, que circunstancialmente controla los diversos poderes del gobierno, no está dispuesta a discutir sobre estos temas, o dejar que se discutan. Eso no va a impedir que la demanda social por la reforma prospere, tarde o temprano: si ellos no quieren escucharla, será una tarea pendiente para nosotros.

Nota: Ricardo López Murphy es presidente de Recrear. Julio Burdman pertenece al Centro de Estudios para la Nueva Mayoría.

Copyright La Nación.


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