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Leyes secretas: otro gesto vergonzoso
Las denominadas leyes secretas son absolutamente incompatibles con la forma republicana y democrática de gobierno, al tiempo que se contraponen con la esencia de la res pública.

  Fecha: 29/05/2005

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Editorial I Leyes secretas: otro gesto vergonzoso

Las leyes secretas están en boca de casi todo el mundo y en el seno de la sociedad han provocado generalizada indignación y justificado rechazo, en especial porque su propia naturaleza las convierte en vehículo ideal para el peculado y la corrupción. Pero, al parecer, el Gobierno y buena parte del Senado de la Nación no han querido conmoverse o, siquiera, darse por enterados de la existencia de tan acendrado y comprensible sentimiento de animadversión. Lo prueban los hechos: ambos integrantes de los poderes constitucionales de la República le han asestado otro duro golpe a la ética al apelar la resolución judicial que declaró la inconstitucionalidad de las leyes secretas.

Ese instrumento legal, aún vigente, salió a la luz más o menos en forma simultánea con la escandalosa denuncia de María Julia Alsogaray acerca del subrepticio pago de sobresueldos a ministros y secretarios de Estado, durante el mandato presidencial de Carlos Menem. Está conformado por las normas merced a las cuales, según lo investigaron y demostraron los peritajes judiciales, fueron distribuidas por debajo de la mesa entre conspicuos funcionarios sumas varias veces millonarias, provenientes de los fondos reservados, sin que se rindiese cuenta de su existencia, destino y finalidad.

Las denominadas leyes secretas son absolutamente incompatibles con la forma republicana y democrática de gobierno, al tiempo que se contraponen con la esencia de la res pública. Salvo la existencia de circunstancias de absoluta excepcionalidad, que pudiesen darle alguna clase de sustento a la necesidad de su aplicación, por supuesto restringida y sujeta a términos signados por la transparencia, la moderación, el sometimiento a la más rigurosa fiscalización y a un plazo luego del cual el secreto puede ser levantado, las leyes secretas –o, mejor dicho, el secreto de las leyes– es francamente reprobable. Induce a inferir, sin excesivo margen para el error, que el abuso de esa clase de legislación es impuesto por la intención de sustraer del conocimiento público ciertos manejos turbios administrativos.

En este sentido giró la denuncia efectuada por un abogado que dio pie a las actuaciones aquí comentadas. La jueza en lo contencioso administrativo Clara Do Pico tomó conocimiento del expediente y declaró la inconstitucionalidad del carácter secreto de la ley 18.302. Ni lerdos ni perezosos, el gobierno nacional y el Senado plantearon el recurso de apelación, fundándolo en que un ciudadano no puede obligar al Congreso a legislar, así como tampoco puede hacerlo una sentencia judicial.

Tal argumento es inconsistente. No se comprende por qué un miembro de ese conglomerado multitudinario que es el pueblo, elemento esencial de la elección de sus autoridades y sus representantes, carece del derecho de requerir que el Parlamento cumpla la misión excelsa para la cual, justamente, han sido elegidos sus integrantes en una República: legislar.

Incurre en un error moral y legal quien esgrime tan endeble chicana como recurso defensivo. Y tanto más porque la tenacidad con que los apelantes se aferran al indebido y vergonzoso privilegio de las leyes secretas no hará más que acrecentar las sospechas de que, mediante la continuidad de su existencia, sólo se pretende tender sucesivas cortinas de humo para ocultar cuanto tema deba ser escabullido del imprescindible conocimiento y control de la ciudadanía.

Link corto: http://www.lanacion.com.ar/708006


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