A propósito de la designación de Argibay (06/02/2004)

Para no perdernos en los vericuetos por los que diariamente transita la realidad, es necesario tener siempre en claro los fines ultimos de las decisiones en las que se juega nuestro destino como Nación.

El Poder Judicial, el más débil de los Poderes del Estado, carga sobre sus espaldas con la responsabilidad de defender la Constitución, pero no es independiente de los Poderes que debiera controlar.

Esa falta de independencia se debe a que los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son designados discrecionalmente por el titular del Poder Ejecutivo, ya que el acuerdo del Senado -como hemos visto recientemente- es una mera formalidad.

De esta forma la división de los tres Poderes es ilusoria y la República una ficción.

Para tener un Poder Judicial independiente es imprescindible que los jueces de la Corte sean elegidos de un modo que garantice su independencia del poder político y asegure la transparencia del proceso de su designación.

A tal fin deben ser seleccionados mediante un Concurso Publico de Oposición y Antecedentes, que proporcionará la terna de candidatos de la que el Poder Ejecutivo elegirá al que deba proponer al Senado.

Se garantizará así la independencia de los candidatos –y en consecuencia la del Poder Judicial- ya que ganarán esa posición por mérito propio y no por voluntad del Poder Ejecutivo, mediante un proceso que permitirá conocer sus calidades personales y su idoneidad para el cargo.

Este sistema podría aplicarse próximamente ya que, según parece, en un tiempo no muy lejano habrán de producirse nuevas vacantes en el Superior Tribunal de Justicia de nuestro país.

Nada hay en nuestra legislación, ni en la Constitución, que lo impida.

Por el contrario, la superviviencia de la República depende de ello.

Miguel E. Sanguinetti