Santiago: sanear las instituciones.
Editorial Diario La Nación.

La calidad institucional es el barómetro que permite medir el vigor de un sistema político. En 1853, cuando construyó sus instituciones, la Argentina adoptó la forma republicana de gobierno, que se concreta a través de un modo particular de organización: el Estado de Derecho.

El correcto funcionamiento de esa modalidad organizativa requiere la puesta en marcha de un sistema institucional complejo, para cuya eficacia deben operar de manera satisfactoria los controles instaurados por la Constitución nacional. Por otra parte, nuestro país es federal y en su seno conviven, además, diferentes niveles de gobierno: el de la Nación y el de las provincias. Más allá de esta división, sustentada en los beneficios de la descentralización, es necesario que en todo el territorio nacional imperen los requisitos constitucionales que garantizan el desenvolvimiento del régimen democrático.

Sin embargo, a más de veinte años de la restauración de la democracia, producida en 1983, los argentinos no hemos superado totalmente el período de transición que conduce a ella. Si nos concentramos en el análisis de lo que acontece en el nivel provincial, advertimos que la realidad es en muchos casos decepcionante: hay provincias en las cuales el proceso de tránsito ni siquiera se ha iniciado.

En efecto, en varias provincias la autonomía es entendida y aplicada por sus gobernantes con criterios feudales. Se reivindica el respeto a la autonomía política sólo con el fin de perpetuar métodos de gobierno autoritarios, caracterizados por una concentración de poder abusiva y por altos niveles de corrupción e impunidad. En algunos estados provinciales se ha impuesto, así, un modelo que lleva a la destrucción total del principio de la separación de los poderes, con lo cual desaparece el ideal del constitucionalismo, que asegura la existencia de un gobierno con poderes limitados y, consiguientemente, el pleno respeto a los derechos y a las garantías de los ciudadanos.

Un ejemplo de esa desvirtuación del espíritu republicano es el que ofrece la provincia de Santiago del Estero. Allí, hasta la intervención federal decidida por el Congreso de la Nación, gobernaba la "dinastía de los Juárez", prolongada a lo largo de varias décadas. Se trataba de un régimen perverso, con un Poder Legislativo sometido a la voluntad del Ejecutivo. Eso se lograba a partir de una serie de trampas institucionales contenidas en la Constitución provincial, tales como la proclamación del principio según el cual las bancas pertenecen a los partidos y no a quienes las ocupan -deformación electoral que favorece de manera grosera al candidato más votado- o el otorgamiento de una cantidad abrumadora de poderes de emergencia a favor del titular del Ejecutivo. El Poder Judicial estaba también poblado de "amigos" del oficialismo, con lo cual se privaba a los santiagueños del valor "justicia". Esto fue notorio en el llamado crimen de la Dársena, que causó poderoso impacto en la opinión pública y aceleró la crisis que llevó finalmente a la aplicación del remedio federal.

Este deficiente cuadro institucional tiene a su vez su triste reflejo en la realidad socioeconómica de la provincia. En ella se destacan algunos de los índices de pobreza y de mortalidad infantil más preocupantes de la Argentina, la utilización del empleo público como fuente de trabajo para el 90% de los santiagueños y un sistema económico de total concentración en manos de personas vinculadas de manera estrecha con el régimen.

Formulamos votos para que la intervención federal pueda construir las bases de un sistema democrático genuino y que esos aires penetren igualmente en muchas otras provincias, ya que de estos avances depende, en gran medida, que ppodamos consolidar nuestro sistema democrático.

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