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Noticia

El gobierno abandonó la reforma judicial
Arículo Diario La Nación. Por Hernán Cappiello y Martín Rodríguez Yebra

  Fecha: 22/05/2005

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eVoluntaria: Maria Ines Lacoste
  Tema relacionado: Justicia

Hace 13 meses se anunció un programa integral con medidas de amplio alcance; sólo unas pocas sobreviven en el Congreso

Entre las propuestas había una transformación del fuero federal y una limitación a las excarcelaciones

El Poder Ejecutivo dice que el plan "debió ser revisado"

El Gobierno abandonó definitivamente el "plan trienal estratégico" que el presidente Néstor Kirchner presentó hace 13 meses como la reforma más profunda del sistema judicial argentino.

En medio de la oleada de críticas del Gobierno al Poder Judicial, las autoridades nacionales explican que aquel programa calificado en su momento como revolucionario fue "revisado y ordenado". Una forma elegante de decir que la mayoría de los proyectos presentados fueron directamente desechados.

Entre los cambios propuestos figuraba una iniciativa que pretendía licuar el poder de los jueces federales porteños -muchos de ellos sospechados de haber fallado por intereses políticos- y otra que apuntaba a restringir las excarcelaciones de procesados, como la que benefició a Omar Chabán.

Fue ese fallo en favor del principal acusado por la tragedia de Cromagnon el detonante del enojo presidencial contra los jueces. Los acusó de no actuar con sentido común y de dar "un cachetazo a la sociedad".

El plan anunciado como una política de Estado incluía nueve proyectos de amplio alcance en materia judicial, 12 relacionados con la seguridad, reformas penitenciarias y la siempre prometida reforma política.

Entre las medidas judiciales, se presentó un proyecto de ley que permitía juicios en 48 horas para delincuentes detenidos in fraganti y otro para que las fiscalías funcionaran en los barrios.

También se buscaba reducir los miembros del Consejo de la Magistratura y lograr la demorada modificación procesal para cumplir con el mandato constitucional que promueve los juicios con jurados populares.

Esta última es una de las pocas iniciativas de cambio institucional que aún tiene trámite parlamentario y que el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, defendió ante el Senado.

El denominado Plan Estratégico de Justicia y Seguridad había sido presentado por el Presidente en el Salón Blanco de la Casa Rosada el 19 de abril de 2004. "El plan que hoy presentamos es un aporte. No queremos apurar una respuesta espasmódica o parcializada", dijo Kirchner aquel día, rodeado de su gabinete y 22 gobernadores.

Casi tres semanas antes, unas 150.000 personas habían marchado frente al Congreso para reclamar seguridad, luego del secuestro y asesinato de Axel Blumberg. Esas medidas -se dijo- iban a marcar una segunda etapa de cambios revolucionarios en la Justicia, tras la embestida contra los jueces más desprestigiados de la Corte, que permitió a Kirchner reemplazar a cuatro miembros del tribunal.

El diseñador del programa fue el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, a quien el Presidente echó en julio por desavenencias en la política de control de protestas callejeras. Kirchner había analizado y retocado en Olivos el paquete de proyectos 48 horas antes del anuncio.

Rosatti, que sucedió a Beliz, dijo que los proyectos se revisaron uno por uno desde su llegada.

Beliz solía decir que el nudo del plan consistía en hacer desaparecer el fuero federal porteño -investiga las denuncias de corrupción en el Gobierno- y en unificar esos juzgados con los del fuero penal ordinario. Así, las denuncias podrían caer en cualquiera de los 82 jueces que hubieran quedado.

En ese momento, siete de los ocho jueces federales habían sido designados por el gobierno de Carlos Menem. Desde entonces, el Gobierno cubrió las cuatro vacantes restantes con candidatos elegidos por concurso y archivó el proyecto de unificación por considerar que sería tildado de inconstitucional, según argumentó Rosatti.

El plan preveía, además, reformar el Código Procesal Penal para endurecer las excarcelaciones. Se propuso explicitar las "vagas y confusas" razones vigentes para denegar la libertad. El proyecto decía que no podría ser liberado el acusado cuando tuviera facilidades para abandonar el país o una expectativa de pena grave.

Con el cambio de ministro, el Gobierno dio también un vuelco en la política judicial. Dividió el ministerio -la seguridad volvió a la órbita de Interior- y Rosatti se centró en la estrategia legal del Gobierno ante los juicios en el exterior: mejorar la relación con el Poder Judicial y fomentar una "limpieza" del digesto jurídico argentino.

Libertad condicional

Otro de los proyectos anunciados hace más de un año fue la creación de un cuerpo de abogados para controlar a los condenados en libertad condicional y a los castigados con prisión en suspenso. La medida dependía de un decreto presidencial, nunca firmado.

Más compleja resultaba la conformación de la Agencia Federal de Investigaciones, promocionada en su momento como una suerte de FBI argentino que coordinaría 6000 agentes destinados a investigar el crimen organizado.

El proyecto de ley quedó trabado en su camino entre los ministerios, por objeciones económicas y operativas. No llegó a entrar en el Congreso.

Los legisladores sí aprobaron cinco puntos del plan: se agravó la pena por robo con armas, se cambió la ley de abigeato, se impidió la libertad condicional de violadores y secuestradores, se aumentó el máximo de la sanción para delitos graves, se reguló la venta de celulares para evitar su uso en secuestros y se aprobó la ley antidesarmaderos. Esta última, sin embargo, no puede aplicarse porque falta la sanción de leyes complementarias.

El plan para poner fiscalías en los barrios fue aprobado en una cámara, pero modificado por la otra. Está a la espera de su sanción. Una comisión del Senado emitió en diciembre un dictamen sobre el proyecto de juicios por jurados y todavía está activa en las comisiones el debate sobre una ley penal para los menores de 18 años.

En lista de espera sigue la reforma política: el plan advertía que se enviarían al Congreso antes de junio pasado leyes para eliminar las listas sábana, instituir el voto electrónico y transparentar el financiamiento de los partidos. El Ministerio del Interior insiste en que se promoverán esos cambios este año, pero nunca a tiempo para que se aplique en las elecciones de octubre.

Por Hernán Cappiello y Martín Rodríguez Yebra

De la Redacción de LA NACION

Diarios viejos y un señalador

El plan estratégico de Justicia y Seguridad, impreso en 250.000 folletos de cuatro páginas tamaño tabloide, terminó arrumbado en la cochera del Ministerio de Justicia. Los ordenanzas pidieron permiso para vender las pilas de papel como diario viejo. Los planes de seguridad contemplados en ese programa fueron publicitados mediante un señalador que enumeraba los más importantes: el Sistema Unificado de Registros Criminales, la Red Nacional de Seguridad Comunitaria, Plan de Control de Armas de Fuego, el Plan de Seguridad Turística; el Plan de Seguridad Rural. De ellos hoy sólo queda el señalador.


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