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Noticia

Senado: sobra todo menos eficiencia
Editorial I. La Nación

  Fecha: 05/11/2002

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eVoluntaria: Cristina García Pullés
  Tema relacionado: Función Pública

Un estudio realizado por la Unión Interparlamentaria (UIP) puso de manifiesto el despilfarro de fondos y la falta de transparencia en el ámbito parlamentario que, a lo largo de años, la mayor parte de nuestros legisladores nacionales ha preferido ignorar.

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El citado informe técnico, realizado por expertos del organismo internacional a pedido del Senado de la Nación, llama la atención sobre el "elevadísimo número" de comisiones legislativas, de personal y de asesores de la Cámara alta. El trabajo va más allá, al plantear que esta inflación "está relacionada con circunstancias políticas al margen de la institución", por lo que da pie a la hipótesis de que la gran cantidad de empleados responde a necesidades político-partidarias.

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Un tamaño considerable de la dotación de personal de una organización puede resultar tolerable en la medida en que ésta preste servicios de excelencia. No parece ser el caso del Senado, donde al vicio del elevado número de empleados permanentes y temporarios hay que añadir un alto nivel de ineficacia.

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Tal como expresa el informe de la UIP, el problema no sólo pasa por la cantidad de personal, sino por su calidad: "Resulta criticable el número de asesores y su falta de carrera profesional", señala lapidariamente.

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En ese sentido, el trabajo da cuenta de que el Congreso "se desenvuelve con graves dificultades y rodeado de impugnaciones porque tiene procedimientos muy dilatados, exceso de personal que duplica funciones y exceso de comisiones, que le significan moverse con un gran lastre".

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Casi ninguna de las conclusiones que ofrece el informe, llevado a cabo por una misión de la UIP integrada por un técnico español y otro mexicano, resulta novedosa. Desde esta columna, sin ir más lejos, se ha señalado en reiteradas ocasiones la necesidad de poner fin a designaciones de personal basadas exclusivamente en compromisos políticos y partidarios, de tornar más eficiente la gestión parlamentaria e inclusive de seleccionar a los asesores mediante concursos transparentes que garanticen la llegada de los mejores especialistas y técnicos en las distintas áreas.

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Pero el hecho de que los cuestionamientos sean efectuados esta vez desde un organismo internacional, cuya ayuda fue solicitada por el propio Senado, habla a las claras acerca de la necesidad de que las soluciones a los problemas señalados no se demoren.

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Lamentablemente, los senadores vienen haciéndose los distraídos a la hora de iniciar las reformas imprescindibles. Hace mucho tiempo que los bloques mayoritarios del Senado discuten cómo reducir la cantidad de comisiones legislativas, que hoy suman la friolera de 47, sin ponerse de acuerdo.

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Reducir el número de esos sectores parlamentarios a 25, como ha propuesto un grupo presidido por la senadora Nélida Martín para estudiar la estructura de la Cámara alta, implicaría dejar cesante una importante cantidad de empleados transitorios y asesores nombrados por los presidentes de las comisiones. Esta reforma ha generado una ostensible resistencia política. El elevado número de comisiones no es, por cierto, el único ejemplo de despilfarro legislativo. En esta página se han mencionado reiteradas veces los casos de la Biblioteca y de la Imprenta del Congreso, que albergan un desproporcionado número de empleados, entre los que no faltan los consabidos ñoquis .

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Es de esperar que, conocido el informe de la UIP, quienes lo encargaron pongan en práctica sus sugerencias, reclamadas desde hace mucho tiempo por la opinión pública, y posibiliten un aumento de la eficiencia y de la transparencia en la función pública, que definitivamente debe dejar de ser un nicho parasitario para ponerse al servicio del bien común.


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