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Cómo asegurar la gobernabilidad.
Artículo en diario Clarín
Luego de la renuncia de Carlos Menem a participar del ballottage es necesario evaluar hasta qué punto las instituciones han sido dañadas y con qué herramientas el nuevo gobierno construirá consenso. Liderar una nueva coalición Es altamente probable que el cataclismo que experimenta la política nacional después de la decisión de Menem de retirarse de la segunda vuelta electoral dure unos pocos días: la iniciativa del ex presidente podría llegar a ser tan perversa por su intencionalidad política como inocua en sus consecuencias prácticas, según sea el comportamiento de los actores centrales del nuevo capítulo del drama político argentino que se abre a partir de ahora. La referencia a los "presidentes con poder prestado" pudo ser útil como retórica electoral pero tiene poco contacto con la escena política que se configura en el país a partir del derrumbe de la administración aliancista. En el contexto de un país social y políticamente fragmentado y desestructurado en su perfil federal, hablar de "presidentes fuertes con poder propio" no pasa de ser una añoranza del pasado que ciertamente no nos ahorró desgracias a los argentinos. El doctor Néstor Kirchner —una vez proclamado por la Asamblea Legislativa tal como lo establece inequívocamente la ley— tendrá ante sí dos estrategias posibles. Ser un nuevo presidente exclusivamente peronista o, a partir de esa pertenencia que nadie puede discutir, trabajar para ser el líder de una nueva coalición políticosocial construida alrededor de un conjunto de definiciones sobre la agenda real de la Argentina de estos días. En la primera de las hipótesis, el mapa previsible del Congreso y los gobiernos provinciales proveería un soporte institucional, del cual el futuro presidente aparecería altamente necesitado. La densa agenda inicial, además, cargada de delicadas definiciones económicas pendientes, parecería desaconsejar virajes desmesurados en el armazón de una coalición de gobierno. Sin embargo, sería un serio error considerar que el nuevo gobierno pueda fortalecerse sobre la base de encarnar una lisa y llana continuidad de la administración de Duhalde. El éxito relativo de ésta última estuvo basado en su condición de "gobierno de emergencia" y la premisa central de la estabilidad alcanzada fue la promesa del presidente de su retiro anticipado. Fue, en ese sentido, una coalición espontánea y defensiva: cualquier ataque a la frágil fórmula de acuerdo alcanzada podía significar el caos. El nuevo gobierno necesitará una coalición activa cuyos componentes serán definidos en buena medida por las políticas públicas a desarrollar y no por el sostén exclusivo de una estructura partidaria, por lo demás sumamente fragmentada, como es hoy el justicialismo. Si el esfuerzo central se vuelca a la reconstrucción de la "unidad del peronismo" se estaría desconociendo la nueva configuración política de la Argentina de los últimos meses que el proceso electoral no hizo sino manifestar con toda crudeza. Ni el relativo apaciguamiento social de los últimos meses ni la masiva concurrencia electoral del 27 de abril equivalen al cierre de la brecha entre política y sociedad. Puede haber quien crea que esta brecha se cierra con un buen desempeño gubernamental en lo económico y lo social: al fin y al cabo, se dirá, la clase política es una elite estratégica que se justifica por sus resultados. Cerrar brechas Este enfoque tiene dos problemas: ni el más optimista de los escenarios, por un lado, permite prever un rápido mejoramiento de los indicadores sociales principales; pero más importante aún es que la creencia en que lo económico y lo político-institucional son dos universos aislados entre sí se ha revelado profundamente equivocada. Sin un proceso de reforma profunda del Estado, del régimen impositivo, sin recuperación de la capacidad del Estado para recaudar impuestos y desarrollar políticas activas de fomento de la producción ni un pacto federal que distribuya con justicia premios y castigos, sin terminar con la colonización del Estado por las estructuras internas de los partidos y sin una política social universalista e inclusiva será muy problemático pensar en un país recuperado social y políticamente. El modo de ir encarando y definiendo esta agenda podrá dibujar los contornos de la coalición política de gobierno. El resultado de la larga temporada de elecciones parlamentarias y de gobiernos provinciales en la que entra el país podrá promover a los actores políticamente plurales de un proceso de renovación que formó parte central del compromiso electoral de Kirchner. Cabe a todos los dirigentes y fuerzas que han formulado promesas parecidas la responsabilidad de deponer las intransigencias y las comodidades de la oposición. Cabrá al nuevo presidente la responsabilidad de encabezar el proceso de reformas y contribuir, en consecuencia, a evitar una nueva frustración.
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