La corrupción como show mediático Editorial Buenos Aires Herald
En circunstancias normales, las cuales parecería que con frecuencia nos son desconocidas, resultaría escandalosa la noticia del fin de semana acerca de que podrían haberse hecho llamadas telefónicas desde el edificio Libertador y la Casa de Gobierno a números supuestamente utilizados en el curso de secuestros y extorsiones en los seis últimos años. Al igual que el vasto fraude del que informó ayer el ministro de Justicia, el concepto se encuadra dentro de un guión cinematográfico de conspiraciones dirigidas a la generación post-Bond más que al informe administrativo de un gobierno constitucional. Sin embargo, durante esta última década nos hemos acostumbrado a la idea de que todo es posible en la política local. La nota de La Nación del domingo, acerca de los teléfonos de la sede del Ministerio de Defensa y el Ejército, y del lunes, sobre los teléfonos en la Casa de Gobierno, resulta alarmante. De ser cierto, la extrema ruptura del orden ha llegado incluso al centro del poder. Se recordará que en semanas recientes hemos leído la revelación de que las facturas telefónicas de un ministerio llegaban a los varios miles de pesos debido a que había empleados que pirateaban las líneas. De modo que la noticia del fin de semana es meramente parte de la progresión hacia el ulterior desorden. Lo que suena sospechoso es el motivo que puedan tener fuentes del gobierno para suministrar dicha información. No se pretende aquí cuestionar las fuentes del periódico, sino más bien la política subyacente a la filtración. Un paso tal amenazaría el carácter secreto y la eficiencia de una investigación, y lesionaría las esperanzas de llevar a cabo la tan necesaria limpieza en los servicios de seguridad. La falta de una explicación oficial, aun cuando se cita a funcionarios conscientes de lo ocurrido, es inquietante. Las fuentes responsables de la filtración podrían apuntar al desbarrancamiento de una indagación. Hay demasiados cabos sueltos, a lo cual debe agregarse la debilidad del presidente por los impactos mediáticos. Si tal fue la razón de la filtración, contradice el intento de demostrar que las autoridades están trabajando con eficiencia para develar la magnitud de la corrupción y el quebrantamiento de la ley y el orden. Si el objetivo es la publicidad, una vez más corremos el riesgo de soportar una situación en que la fechoría se revela, incluso con bombos y platillos, con el fin de apuntarse tantos políticos o denigrar a rivales no identificados claramente, pero sin que los verdaderos culpables se identifiquen y sean castigados. Aunque todos estemos tentados de maravillarnos por la frecuencia y magnitud de recientes revelaciones sobre corrupción, también enfrentamos la posibilidad de que la estridencia sea un fin en sí mismo. Los be-neficios de tal conducta son de corto plazo. A cinco meses de asumir el nuevo gobierno, tenemos derecho a pedir claridad y resultados, y a que ya no se nos pida aceptar ser gobernados a través de efectos mediáticos.
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