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Noticia

Impulsan una rápida reforma política
Gustavo Ybarra. La Nación.

  Fecha: 23/10/2002

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El Gobierno prepara una "reforma política de emergencia" para reforzar la ratificación del cronograma electoral que el presidente Duhalde presentó ayer ante la Cámara de Diputados.

Así lo confirmaron a LA NACION fuentes parlamentarias del PJ, que precisaron que está en elaboración una serie de proyectos que acompañarán la iniciativa que la Cámara baja podría comenzar a debatir hoy.

Se trata de tres proyectos de ley que intentarán "dar certidumbre definitiva" al calendario electoral establecido en el decreto 1399/02, que fijó la elección presidencial para el 30 de marzo próximo y el 27 de abril para un eventual ballottage.

La primera medida del paquete que el Congreso podría aprobar antes del 30 de noviembre, fecha límite del período de sesiones ordinarias, sería la derogación de la ley de internas abiertas y simultáneas que la Justicia tachó parcialmente de inconstitucional.

La idea de esta jugada es evitar que un eventual fallo de la Cámara Nacional Electoral revoque lo dispuesto por la jueza María Servini de Cubría, y que obligaría a dar marcha atrás con los cronogramas que, como ya ocurrió con el PJ y la UCR, fijaron sus estamentos internos.

"Si la Cámara revoca el fallo de Servini, que es bastante desprolijo, los partidos estarían en un apuro, ya que no darían los plazos para realizar las internas de acuerdo con la ley aprobada por el Congreso", afirmó una de las fuentes consultadas para justificar la derogación de la norma.

Esto es así ya que los plazos que establecía esa ley en algunos casos ya están vencidos, como por ejemplo el que correspondía a la oficialización de candidatos para competir por la candidatura presidencial.

El segundo proyecto que el Gobierno analiza con los principales referentes justicialistas y del radicalismo parlamentario es la agilización del tratamiento en el Senado de la iniciativa que flexibiliza los requisitos para crear un partido político.

Esa iniciativa cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y reduce del 4 por mil al 1 por mil del padrón electoral la cantidad de avales necesarios para formar una fuerza política. Además, contempla la efectivización automática de todos los pedidos de creación de partidos que están actualmente en trámite.

Así, se facilitaría una mayor participación de candidatos en los comicios presidenciales, previstos para el 30 de marzo del año próximo.

El último proyecto todavía está sujeto a debate, ya que apunta a resolver la controversia constitucional que generará el adelantamiento del recambio presidencial -previsto para el 25 de mayo próximo-, en cuanto a la duración que deberá tener el período del futuro jefe del Estado.

En este sentido, las posiciones están divididas. Un sector pretende darle al próximo Gobierno casi siete meses más de plazo, el lapso que va del 25 de mayo al 10 de diciembre, fecha en la que debía finalizar el mandato inconcluso de Fernando de la Rúa.

Para eso, pretenden aprobar una ley para que la Asamblea Legislativa que le aceptará la renuncia a Duhalde designe por siete meses como presidente provisional a quien resulte elegido en los comicios de marzo. En el mismo acto se dejaría constancia que su período constitucional sólo se iniciará en diciembre de 2003.

Los que se oponen a esta postura sostienen que el mandato, tal como lo establece la Constitución, es de cuatro años y que, por lo tanto, el que asuma la presidencia el 25 de mayo próximo deberá dejar el cargo el mismo día del año 2007.


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