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Noticia

Líder argentino reclama juicio político para la Corte Suprema.
Artículo de Larry Rohter. The New York Times.

  Fecha: 05/06/2003

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eVoluntaria: Maria Ines Lacoste
  Tema relacionado: Enfoques Internacionales

Buenos Aires, 5 de junio. El nuevo presidente de la Argentina, Nestor Kirchner, ha reclamado al Congreso que reinicie los procedimientos de juicio político contra la ampliamente odiada Corte Suprema de esa nación, acusando a los jueces de "usar como rehén a la gobernabilidad del país para obtener ventajas o garantias personales o institucionales."

La Argentina necesita"la implementación urgente de remedios contra el mal que nos confronta" dijo el señor Kirchner en un mensaje televisivo breve pero de gran carga emocional dirigido a la nación a última hora del miércoles. Agregó que se sintió obligado a actuar para " preservar a las instituciones de hombres que no estaban a la altura de la tarea " que enfrenta a un país en crisis política y económica.

El señor Kirchner, 53, asumió el cargo el 25 de mayo luego de que su opositor en una votación de desempate por la presidencia, el ex presidente Carlos Saúl Menem, inesperadamente se retiró de la carrera. En su discurso inaugural, el señor Kirchner prometió terminar con lo que llamó "acuerdos oscuros, la manipulacioón de las instituciones políticas y pactos espurios hechos a espaldas de la sociedad." Luego se movió rapidamente para purgar a las fuerzas armadas y la Policía Federal.

La Corte Suprema ha sido acusada repetidamente de hacer a medida sus sentencias a cambio de emolumentos y favores políticos. El señor Menem, quien gobernó a la Argentina en los años noventa, designó a la mayoría de los ministros, quienes son considerados de serle todavía tan leales que la frase " mayoría automática" se usa a menudo para describir la costumbre de votar a favor de posiciones o intereses que él favorece.

El Congreso inició un proceso de juicio político contra todos los nueve jueces de la corte durante un período de turbulencia política hace dieciocho meses, en el cual el país tuvo cinco presidentes en dos semanas y manifestantes llenaban las calles exigiendo que todos los funcionarios del gobierno renunciaran. Pero la investigación se cajoneó a fines del año pasado como resultado de un acuerdo negociado por los seguidores del señor Menem y un sector rival del gobernante Partido Peronista.

El señor Kirchner y otros funcionarios del nuevo gobierno han cuestionado la legalidad de un par de leyes de amnistía avaladas por el señor Menem, que impiden que el gobierno procese a militares y otros acusados de abusos contra los derechos humanos durante la dictadura de 1976-1983. Cortes inferiores han declarado la inconstitucionalidad de esas leyes pero la Corte Suprema ha demorado su decisión, según se dice, por pedido de los militares que podrían ser afectados.

Además, funcionarios del nuevo gobierno dijeron que habían sido alertados de que la Corte Suprema estaba preparando una sentencia que dispone que los depósitos bancarios forzosamente convertidos de dólares a pesos devaluados durante el ápice de la crisis económica de principios del año pasado, deben ahora ser "redolarizados". Esto causaría un caos financiero y debilitaría seriamente a la recién comenzada administración Kirchner, que no dispone de suficientes dolares para cumplir con dicho requerimiento.

En su discurso, el señor Kirchner fue especialmente crítico del Presidente de la Corte, Julio Nazareno, a quien acusó de "conducta inapropiada" y de aplicar "presión indebida" sobre el nuevo gobierno. El Presidente de la Corte Nazareno es un ex socio de estudio jurídico del hermano del señor Menem.

Pero, como gobernador de la provincia de Santa Cruz durante una docena de años, el señor Kirchner a su vez fue acusado de abarrotar el tribunal superior de esa provincia con jueces que acataban su voluntad. En una conferencia de prensa en el día de hoy, sin embargo, el nuevo ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, dijo que el señor Kirchner eligiría a nuevos ministros usando criterios que fueran "cristalinos y transparentes" y que incluirían sugerencias de grupos de derechos humanos y de acción cívica.


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