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Un caos jurídico para revisar el pasado-
Artículo de Joaquín Morales Solá. Diario La Nación
Rafael Bielsa y José Pampuro suelen cavilar juntos sobre el raro destino que les tocó en suerte: Néstor Kirchner les encomendó resolver los conflictos abiertos del pasado violento, pero deben, al mismo tiempo, elaborar una noción del futuro. El canciller es el ejecutor de la política exterior, la más importante de un Estado moderno. Ella es, al fin y al cabo, el eje sobre el que giran los otras decisiones del Estado. Así como Bielsa es un jurista de nota, Pampuro es un médico que se olvidó hasta de tomar el pulso. El ministro de Defensa es un político que sabe que su oficio debe construir con agua y con barro; tiene, sí, una idea sólida del Estado y de sus instituciones, poco frecuente entre sus compadres de la política. Se ha juramentado a sí mismo contribuir a la formación de Fuerzas Armadas modernas, insertadas como prestigiosos garantes de la paz escasa en el mundo actual. Ninguno de los dos tiene prejuicios con los militares. Bielsa militó en la década del 70, cuando tenía apenas 20 años, en la juventud revolucionaria del peronismo, pero forma parte de quienes hablan con más convicción, tal vez por haber estado cerca de aquellas refriegas, de la reconciliación nacional. Pampuro viene del duro peronismo bonaerense, que nunca olvidó que fue un general quien fundó su partido. Su anterior jefe político, Eduardo Duhalde, suele recordarle que siempre es mejor unir las partes sueltas de una nación. El discurso de Kirchner sobre la revisión del pasado, la inmediata decisión del juez español Baltasar Garzón de pedir la extradición de medio centenar de ex jefes militares, y la rápida resolución del juez argentino Rodolfo Canicoba Corral de ponerlos presos, apuraron los tiempos de la nueva administración local. No será el único caso: el embajador de Francia le anunció al ministro de Justicia, Beliz, que en la semana que se inicia ingresará en la Argentina el pedido de extradición de Alfredo Astiz por el asesinato. El caso de Astiz en Francia es esencialmente diferente. El ex marino tiene una notable repercusión política y pública en París, donde ya fue condenado en ausencia a cadena perpetua. La Argentina no tiene tratado de extradición con Francia y la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina es la de negar las extradiciones de personas condenadas en ausencia, porque aquí no existe esa instancia judicial. Pero en los últimos días hubo una definición más importante: el propio Kirchner anticipó, en un discurso con oscilaciones permanentes, que no quiere la extradición de ningún militar argentino. Ningún presidente resigna la soberanía para juzgar delitos que se cometieron en el país. En el mismo tono bamboleante, el mandatario desestimó una anulación de las leyes de obediencia debida y de punto final dictada por el Congreso. En la Cámara de Diputados hay un proyecto de partidos de izquierda y de centroizquierda para anular esas leyes. El peronismo bonaerense anunció, tal como era previsible, que no dejará pasar la anulación de tales leyes. La anulación de las leyes les quitaría a éstas cualquier validez para encarar la revisión de las violaciones a los derechos humanos. Pero, ¿puede el Congreso anular leyes de amnistía? El único antecedente que existe es el del Parlamento surgido de la restauración democrática de 1983, que anuló la autoamnistía decidida por los militares en la agonía de la dictadura. No son casos comparables: esta ley carecía de la necesaria legitimidad, que sí tienen las de obediencia debida y de punto final. El derecho penal reconoce dos principios invariables. Uno indica que debe aplicarse la ley más benigna vigente durante el proceso y el otro es que ninguna ley revocatoria tiene efectos retroactivos. En síntesis: la anulación de las leyes por el Congreso sólo metería la revisión en otro berenjenal jurídico sobre la validez o invalidez de esa sanción. El conflicto podría termina de nuevo en la Corte; es poco previsible que el tribunal le ceda a otro poder su potestad para dirimir sobre la constitucionalidad de decisiones políticas. Todo termina en el mismo lugar: la Corte Suprema, donde están aquellas leyes desde hace mucho tiempo, esperando que las declaren constitucionales o inconstitucionales. Es la única instancia que puede tumbarlas sin posteriores dudas. Un consenso tácito entre los miembros del actual tribunal acordó no abordar ningún tema fundamental del Estado hasta la incorporación del nuevo juez, Eugenio Zaffaroni, como un gesto de respeto a éste. Zaffaroni podría hacerse cargo de sus funciones en el plazo de un mes, pero resulta que el caso de las leyes no ha circulado aún, formalmente, entre los ministros de la Corte. Vale la pena consignar un ejemplo: el miembro más flamante del cuerpo, Juan Carlos Maqueda, nunca tuvo en sus manos ese expediente Sin vueltas: una resolución de la Corte sobre las leyes de obediencia debida y de punto final sólo puede esperarse en un plazo de entre tres y cuatro meses. Mientras tanto, las leyes siguen teniendo vigencia. Algunas cosas han cambiado dramáticamente. Sectores militares en actividad han hecho llegar a la Corte la opinión de que sería mejor voltear esas leyes para evitar las extradiciones. Hay otro obstáculo, y son los indultos dispuestos por Menem. Aquellas leyes habían excluido a los comandantes de las primeras dos juntas militares del régimen, a los jefes de zona y a los que habían cometido delitos aberrantes. Hay diez militares indultados entre los 45 cuya extradición pidió Garzón. El indulto es una facultad presidencial personalísima y por lo tanto irrevocable, que deviene del derecho arbitrario de los monarcas. Es una mala prerrogativa, pero debe convenirse que está extendida en el mundo; la tiene hasta el presidente de los Estados Unidos. Algunos indultados fueron encarcelados luego por un delito no previsto en los juicios de la década del 80: el robo de niños nacidos en cautiverio. Otros no fueron acusados de ese delito y estaban en libertad hasta la orden de Garzón. ¿Sería justo entonces juzgar a un oficial de escaso rango mientras están eximidos algunos importantes jefes militares del peor momento de la dictadura? Bielsa y Pampuro han llegado a un primer acuerdo: recabar información de todos los casos sobre violaciones a los derechos humanos que andan dando vuelta por el país, de la predisposición de los jueces y del espíritu de las instancias judiciales superiores. Hay que ir limando las puntas ásperas del conflicto , ha dicho el canciller. Como viejo componedor de entuertos, Pampuro juntó al Presidente con la cúpula militar actual, por primera vez, en el despacho del jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Kirchner se comprometió con los jefes militares a una reunión más larga en los próximos días. Sin embargo, el Presidente avanza a veces con sus palabras más allá de la prudencia. Zamarreó las leyes de obediencia debida y de punto final porque fueron una extorsión ante el peligro de un golpe de Estado, dijo. El presidente de entonces, Alfonsín, y su jefe del Ejército, el general Héctor Ríos Ereñú, lo desmintieron públicamente. Existía en aquellos tiempos, en cambio, la presión de la situación política. Pero, ¿qué ley no es aprobada o rechazada por cualquier parlamento del mundo bajo la presión de una situación política determinada? Las palabras mueven a los actos y los actos se tornan, más tarde o más temprano, ingobernables.
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