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En qué quedó la reforma política
Editorial I. La Nación
Pese a la denodada acción de numerosas organizaciones no gubernamentales y a las promesas hechas por el Poder Ejecutivo, el balance hasta el momento en el campo de la proyectada reforma política ha sido pobre. Es claro que ha faltado la suficiente voluntad política por parte del gobierno nacional y de los congresistas para avanzar en modificaciones profundas que la ciudadanía reclama para mejorar la representación, eliminar el gasto improductivo y dotar de mayor transparencia a la gestión pública. El presidente Eduardo Duhalde promovió a muy poco tiempo de asumir, en enero último, una reforma política a partir del Acuerdo Federal para la Reforma Política, firmado por el jefe del Estado y por todas las provincias, con excepción de San Luis. Ese acuerdo fue luego refrendado por el Senado de la Nación y propiciaba cambios de fondo. Sin embargo, sólo se logró que el Congreso aprobara dos normas: la primera -presentada durante la presidencia de Fernando de la Rúa- promovía modificaciones a la ley de partidos políticos; la segunda era la ley de elecciones internas abiertas y simultáneas, hoy suspendida por un fallo judicial. Otros dos proyectos, el de la ley de acceso a la información pública y el de flexibilizaciones a los requisitos para constituir partidos políticos, se encuentran pendientes de tratamiento en la Cámara de Diputados. De este modo, puede concluirse que se ha hecho poco en materia de reforma política y que, a cambio, se ha fijado un aún incierto cronograma electoral que está lejos de generar las modificaciones esperadas. Incluso la ley de internas abiertas sancionada y ahora cuestionada por la Justicia no fija limitaciones para las campañas, como sí ocurre para las elecciones generales, favoreciendo a los aparatos partidarios tradicionales. Puede decirse, en materia de reforma política, que lo que no se reforma, deforma. No obstante, no debería responsabilizarse exclusivamente a la dirigencia política por los pobres avances logrados. Desde la propia sociedad civil se ha contribuido en más de una ocasión a generar confusión y ruidos, que impidieron debates serios y profundos. Cabe citar, en primer lugar, la demanda de "que se vayan todos", que desató un clima que distó de ser el propicio para encarar una reforma apropiada. Es muy difícil construir desde la bronca. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil exhibieron algunas debilidades, tales como cierta incapacidad para popularizar el conflicto, que sirviera para que la reforma política no sea percibida desde un enfoque meramente técnico. En este sentido, resulta prioritario que el debate sobre la reforma política se encare a partir de las preocupaciones y necesidades de los ciudadanos. La dispersión de esfuerzos no es una buena estrategia para romper estructuras de privilegios y redes corporativas. La presentación de las llamadas "leyes de Mayo" por el denominado Foro para la Transparencia, que agrupa a varias ONG entre las que se encuentran Poder Ciudadano, Cippec, Transparencia Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Compromiso Ciudadano y la Fundación Sophia, es un buen ejemplo. Entre las iniciativas que serán presentadas se encuentran varias para garantizar la transparencia y la difusión de los actos de gobierno, la protección para empleados públicos que denuncien a sus superiores, la descentralización de las agencias de inteligencia para mejorar el control de los fondos reservados, la creación de una agencia electoral y el aumento de las facultades de las comisiones de seguimiento parlamentario. Tal vez esta iniciativa pueda ser uno de los primeros pasos para articular una masa crítica de apoyo a un proceso de reformas políticas que permita superar la fuerte resistencia de sectores políticos, por lo general poco dispuestos a ensanchar la arena política y a terminar con viejos privilegios.
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