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Defender las instituciones
Editorial Diario La Nación.
Editorial I La opinión pública ha recibido con desconcierto e inmensa preocupación la información según la cual se habría descubierto el rastro de repetidos contactos telefónicos entre algunas organizaciones criminales responsables de secuestros extorsivos y diferentes dependencias de la jefatura del Ejército y de la Casa de Gobierno. La revelación está contenida, según se ha determinado, en un informe confidencial elevado por el procurador general de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, doctor Horacio de la Cruz, al presidente Néstor Kirchner y al gobernador Felipe Solá. Se trata de una novedad que amenaza con exacerbar el actual sentimiento de intranquilidad pública hasta llevarlo a los niveles más corrosivos y desalentadores. Una sociedad que percibe la existencia de focos de criminalidad en las más encumbradas estructuras del Estado se sentirá invadida, inevitablemente, por una abrumadora sensación de desprotección. Los órganos que investigan esta clase de vinculaciones entre el crimen y la organización estatal deberían tratar de identificar con la máxima celeridad a las personas sospechosas de haber mantenido esos contactos, de modo tal que la opinión pública conozca sin dilación alguna sus nombres. De lo contrario, se corre el riesgo de que la sospecha se extienda como una mancha negra sobre instituciones enteras, con el consiguiente daño a las estructuras organizativas de la Nación. Ya bastante ha sido golpeada la población con las noticias acerca de la existencia de focos de corrupción y de complicidad delictiva en las filas de la policía bonaerense. Si ahora se suma a eso la impresión vaga o difusa de que agentes relacionados con el sector militar y hasta con la cabeza política del Estado podrían estar implicados en los abominables crímenes que asolaron últimamente al país el clima de inseguridad podría pasar a ser intolerable. Es necesario, entonces, que se formulen acusaciones concretas y se conozcan los nombres de las personas supuestamente involucradas, pues la mera advertencia genérica de que la red delictiva podría extenderse a instituciones profundamente respetadas de la vida nacional -como son el Ejército o la Presidencia de la Nación- conlleva peligros sumamente graves para el prestigio y la salud moral de la República. Es cierto que ninguna institución está libre de la posibilidad de albergar en su seno a una persona indigna de pertenecer a su plantel, pero cuando se menciona al organismo sin nombrar al presunto imputado el perjuicio se torna general y se abren cicatrices o huellas que luego no resulta fácil borrar. Los argentinos necesitamos mantener viva e incólume la confianza en las instituciones públicas. Es indispensable que nos sintamos amparados por los órganos del Estado, protegidos por las fuerzas policiales e identificados con la gran tradición que cobra vida en cada una de nuestras instituciones armadas. Si en esos nobles baluartes de la vida argentina se esconden elementos nocivos o perniciosos es imperioso desenmascararlos cuanto antes. Lo exige el supremo interés nacional.
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