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Temas de la Justicia
Adrián Ventura La Nación
Hay, en la historia de las coimas del Senado, dos hechos que difícilmente se puedan explicar. El primero es, quizás, el más sencillo y recordado: el 4 de octubre de 2000, el ex presidente Fernando de la Rúa echó a su jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, porque éste no había aceptado firmar un decreto que aumentaba en treinta millones los fondos reservados y se fue de viaje. El otro hecho es más incomprensible aún: ese mismo día, De la Rúa se desprendió del ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra. Cuando lo nombró, De la Rúa tal vez vio en el jurista a un hombre con su mismo perfil, con formación académica y vocación política. ¿Acaso, tiempo después, el espejo le devolvía al propio De la Rúa una imagen distinta de sí mismo cuando despidió intempestivamente a uno de sus más prestigiosos funcionarios? Cuando los rumores del pago de sobornos crecieron, Gil Lavedra requirió a la Oficina Anticorrupción que hiciera una investigación a fondo y le avisó al entonces presidente de su decisión. Este le pidió estar informado. Poco después, De la Rúa, por la presión de los hechos, dictó el decreto 833/00: decidió mostrar las cuentas de la Secretaría de Inteligencia del Estado y autorizó a Gil Lavedra para llevarle al juez Carlos Liporaci la contabilidad de una transferencia de seis millones de dólares que acababa de ser descubierta por la prensa. Pero allí comienza un episodio extraño, que merece ser investigado. La reunión estaba agendada para el 3 de octubre, pero se postergó. Y el 4, el mismo día en que Gil Lavedra iba a llevar los papeles, De la Rúa tomó la decisión de echarlos a él y a Terragno. Sin embargo, al día siguiente, el propio mandatario le pidió a Gil Lavedra, que ya había dejado de ser ministro, que le llevase los documentos al juez. ¿Temía De la Rúa despertar suspicacias? El magistrado sólo estaba autorizado para "compulsar" (revisar) las planillas, pero no podía siquiera fotocopiarlas. Un año después, la Justicia, gracias a un nuevo decreto que amplió el levantamiento del secreto, obtuvo los papeles y llegó a la conclusión de que la transferencia estaba contablemente justificado, aunque nunca pudo acceder a la documentación respaldatoria. Quizá convenga repasar ese episodio y buscar respuestas: ¿estaba De la Rúa arrepentido de haber levantado el secreto? ¿Temía que su ministro o el juez notaran algún dato al leer planillas que, de por sí, son complejas? ¿Por qué sólo se autorizó en ese momento la compulsa y no se le dejaron al juez las cajas con toda la documentación? Preguntas que sólo De la Rúa puede responder. *** Existe, en esta causa, un peligro latente: la declaración de Mario Pontaquarto es un hecho político que parece corroborar las sospechas tan difundidas sobre el pago de sobornos. Por eso, el expediente avanzará hacia indagatorias y procesamientos. Pero, para que no sea un nuevo fiasco, como la causa AMIA, el juez Rodolfo Canicoba Corral debe inevitablemente encontrar pruebas sólidas que transformen ese hecho político en una causa judicial seria. Hoy, el magistrado acumula la instrucción de las principales causas y las circunstancias lo pusieron en una posición semejante a la que tenía, otrora, su todopoderoso colega Juan Galeano. Juez con oficio y con cintura política, podrá intuir que no tiene mucho margen: el Gobierno espera un rédito de esta pesquisa y habrá más de un interesado en responsabilizarlo de cualquier fracaso. En suma, las expectativas y los riesgos son muy altos: están en juego la transparencia y la credibilidad de la sociedad. Por Adrián Ventura columnaventura@lanacion.com.ar
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