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Reformar el Consejo de la Magistratura
Editorial I. La Nación
Proximo a cumplir su primer período de cuatro años de gestión, el Consejo de la Magistratura se encuentra en pleno proceso de renovación de los representantes de los jueces, de los abogados y de las facultades de Derecho y el Consejo Interuniversitario Nacional. Los bloques legislativos, a su turno, deberán designar sus ocho representantes. Se trata de una ocasión oportuna para realizar un balance de lo actuado y puntualizar algunas cuestiones de cara al porvenir. Las positivas expectativas generadas por la creación del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, como resultado de la reforma constitucional de 1994, no se han visto reflejadas en los hechos. A las deficiencias estructurales en la composición del organismo, producto de una ley que se apartó del equilibrio señalado por el artículo 114 de la Constitución Nacional, se sumaron los vicios propios de una vieja política repudiada hace tiempo por la ciudadanía. Hay que señalar como dato positivo que con el correr del tiempo el Consejo se mostró más ágil para convocar a concursos y proponer ternas. Al presente ha convocado a 75 concursos para cubrir 143 cargos y elevado al Poder Ejecutivo casi 100 ternas. No obstante, si se lo compara con su par de la provincia de Buenos Aires no resulta favorecido. En efecto, este último cubrió en un plazo menor más de 1000 cargos. Como aspecto negativo hay que señalar la recurrente costumbre del Consejo de alterar las calificaciones de los tribunales examinadores sin que para ello esté presente el requisito de "notoria arbitrariedad" que establece el Reglamento de Concursos. Así, de buenas a primeras, candidatos con calificaciones más bajas que las de otros postulantes pasan a ocupar lugares más expectantes en la grilla final. También se sospecha que se han conformado ternas de magistrados mediante el intercambio de favores entre los distintos consejeros. Por ello, la opinión pública percibe que el proceso de selección de jueces permanece aún con un alto índice de "politización" aunque en términos relativos se haya avanzado en transparencia. Más criticable todavía resultan las desproporcionadas estructuras creadas con el consiguiente gasto en nombramientos y erogaciones superfluas. Ha sido práctica común, por ejemplo, el nombramiento de candidatos no electos para integrar el cuerpo como "asesores" o seleccionar a los empleados entre parientes y amigos. Mientras la escuela judicial apenas se pone en marcha al cabo de cuatro años, con una escuálida partida de 207.000 pesos para todo el año 2003, los números del Jurado de Enjuiciamiento son alarmantes. Dicho organismo tuvo para este año un presupuesto asignado de 3.505.093 pesos, 100 empleados y 10.000 pesos mensuales de sueldo por consejero pese a que sólo se tramitaron cinco procesos de acusación en cuatro años. Sorprende pues, el afán reeleccionista de algunos de los actuales integrantes. Con sentido común, el ex ministro de Justicia Jorge Vanossi propuso la transformación del Jurado en un cuerpo "ad hoc" que sesionara ante un caso concreto de acusación, siguiendo el ejemplo de numerosas provincias. Así también lo han propuesto la Mesa del Diálogo Argentino en sus conclusiones sobre la reforma judicial y otras prestigiosas instituciones. En el mismo sentido se ha impulsado un proyecto para reducir de 20 a 12 el número de miembros del Consejo, buscando a la vez procurar un mayor equilibrio en su integración, reduciendo la representación del sector político. Ambas iniciativas, lamentablemente, no han merecido la atención del Congreso de la Nación. Es de esperar que en su segundo período de gestión el Consejo revierta los aspectos negativos señalados y se convierta definitivamente en un instrumento útil para elevar la calidad de la Justicia y la independencia de sus magistrados, que es uno de los pasos fundamentales que como sociedad debemos dar para recuperar la República. Las próximas elecciones serán una excelente ocasión para renovar el organismo y mejorar sus prácticas.
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