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Las dos caras de la sociedad civil
Por Luis Alberto Romero. Para La Nación.
Poco ha hecho y menos aún se ha comprometido para sostener el marco, la ley y la autoridad legítima, que pide su apetencia. Hoy el término "sociedad civil" evoca a la gente organizada y solidaria que trata de paliar la defección del Estado y defiende sus derechos frente a la prepotencia del poder. Hace 30 años, en cambio, aludía a un conjunto de aguerridas corporaciones -empresariales, sindicales, profesionales- que luchaban entre sí y trataban de torcer el brazo a un Estado pródigo en el reparto de prebendas. En estas dos imágenes hay algo en común: un Estado que no se respeta, carente de autoridad para hacer cumplir la ley y, mucho menos, para darle algún rumbo a la colectividad que gobierna y dirige. Los intereses organizados despuntaron a principios del siglo XX, en forma de corporaciones que defendían un interés específico: industriales, obreros, médicos, estudiantes. Reclamaban al Estado reconocimiento, regulación y alguna franquicia. Regular las actividades formaba parte del propio crecimiento del Estado. En cuanto a otorgar franquicias -no todas tan legítimas como la de los médicos-, el Estado y las corporaciones establecieron una compleja relación. Caso paradigmático: desde 1944, el Estado reconoció un único sindicato por rama de industria y le dio el monopolio de la representación gremial para actuar en los campos de concertación que el propio Estado instituía. A la vez se reservó la posibilidad de privarlo de la "personería gremial", con lo que todo su edificio organizacional se desmoronaba. Mutatis mutandis, lo mismo ocurrió con cada corporación, beneficiada con franquicias o prebendas, pero pendiente de un eventual cambio de humor de las autoridades. Así, las corporaciones se constituyeron para librar una lucha: presionar al Estado en beneficio propio, a costa de otra corporación o del conjunto más general de la gente que no estaba organizada ni protegida. Hubo puja intersectorial, pero también colisión de intereses o contubernio. Solía estar implicado un segmento de la burocracia estatal, a menudo nutrido con hombres venidos de las propias corporaciones, que dictaban sus requerimientos al Estado. Los intereses instalados en el Estado limitaron su posibilidad de realizar políticas públicas coherentes y orientadas al bien común. Más adelante -1976 es una fecha emblemática- los intereses pasaron de la prebenda y la franquicia a la rapiña. Los más fuertes se quedaron con las partes más jugosas. Los más débiles perdieron en toda la línea, pero aprendieron una lección: también ellos, para sobrevivir, debían adoptar un comportamiento corporativo, prebendario y rapiñador. Hoy que sólo hay despojos actúan de ese modo los ahorristas y los cartoneros, los vendedores ambulantes y los piqueteros. También los políticos, otra corporación eficiente para actuar pro domo sua, son un legítimo producto de esta sociedad de los intereses. Luego está la otra sociedad civil: la de "la gente". Había surgido de una sociedad móvil, integrativa e igualitaria, capaz de generar una red de asociaciones que Tocqueville habría admirado. En la primera mitad del siglo XX hubo un intento consistente de constituir una ciudadanía responsable. El resultado fue un par de fuerzas políticas democráticas, pero autoritarias y facciosas: cada una creía encarnar la Nación. Con sus prácticas -cierto que no solas- ayudaron a armar una máquina estatal infernal que, finalmente, se volvió en contra de la gente. El Proceso, su apoteosis, se engendró en el vientre de esta sociedad. A diferencia de aquélla, la sociedad de hoy es pobre, desigual y decadente; no integra, sino que expulsa. Sin embargo, a la salida del Proceso supo sacar a la luz lo mejor de sí: quiso ser liberal, tolerante, plural y solidaria. Las organizaciones civiles trataron de construir una convivencia mejor y de suplir lo que el Estado abandonaba, con comedores, cooperadoras o clubes de trueque. Pero con la gente no todo son rosas. Hubo en este movimiento una gran debilidad. Las organizaciones de la sociedad civil fueron incapaces de poner límites a los intereses organizados; incluso no supieron poner a su servicio los aparatos políticos partidarios, que jugaron su juego. La gente tuvo un escaso compromiso en la elaboración de propuestas alternativas a las del "pensamiento único". Más bien, se pensó que correspondía al Estado -ahora gobernado por la democracia- arreglar las cosas, y muchas veces se siguió a quien proponía una receta fácil. En esta sociedad civil, de gente bien intencionada, no hubo muchos ciudadanos conscientes. Fue en cambio una sociedad muy celosa de sus derechos, quizá porque venía de la brutal experiencia del Proceso. Se mantuvo alerta y vigilante y sospechó de cualquier cambio propuesto por el Estado. Pero esta actitud vigilante careció de su contrapartida: un similar compromiso con los deberes. Natalio Botana lo ha dicho muchas veces: sin ciudadanía fiscal no hay ciudadanía completa; sin impuestos no hay Estado; sin Estado no hay ley. Es común no pagar impuestos cuando se adivina que no hay sanción. Tras eso, gradualmente, todo deber es cuestionado, cada transgresión de unos justifica la de los otros, y la desobediencia se extiende hasta el nivel celular. En suma: organizarse en defensa de un interés particular es legítimo, siempre que el interés general sea protegido. Defender los derechos es legítimo, pero asociados con los deberes. Una y otra apetencia de la sociedad bifronte requieren un marco, la ley, y la autoridad legítima, y un firme compromiso de la sociedad para sostenerlos. Nuestra bifronte sociedad civil poco ha hecho por esto. Allí reside su responsabilidad. El autor es historiador y profesor de la Universidad de Buenos Aires
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