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Las ONG impulsan un plan para atacar la corrupción
Sección Política. La Nación
Votar tres leyes para mejorar el sistema electoral y aumentar el control de los partidos políticos le llevó al Congreso más de dos años, y al final esas normas se han convertido casi en letra muerta antes de aplicarse. Lejos de esa fracasada reforma política hecha por la clase política, un numeroso grupo de organizaciones no gubernamentales presentará mañana un plan integral para atacar la corrupción y mejorar la gestión pública, elaborado por prestigiosos constitucionalistas e intelectuales. Se trata de las denominadas "leyes de mayo" y están sostenidas sobre la base de las conclusiones de la Mesa de Diálogo, que encabezaron la Iglesia Católica y las Naciones Unidas tras una convocatoria del presidente Eduardo Duhalde. Las diez leyes, con sus fundamentos, serán presentadas formalmente mañana en el Cabildo, durante un acto al que fue invitado Duhalde. El vicejefe de Gabinete, Eduardo Amadeo, recibió la invitación junto con una copia de los proyectos de ley, que le fueron alcanzadas por un grupo de representantes del denominado Foro para la Transparencia, que agrupa a ONG como Poder Ciudadano, Cippec, Transparencia Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Compromiso Ciudadano y la fundación Sophia, entre otras. Propuesta racional "Creemos que se debe dar racionalidad a la consigna "que se vayan todos". La sociedad tiene que involucrarse y los políticos deben entender que están ante una posibilidad única de reconciliarse con la gente", indicó Norberto Borzese, uno de los coordinadores del foro. Entre el paquete de propuestas para provocar un cambio cualitativo en la política y la administración, se destacan una ley para regular el lobby parlamentario, la creación de una agencia nacional electoral autárquica, la puesta en marcha de un cuerpo de inspectores independientes en cada delegación estatal y el fortalecimiento del Congreso a partir de agregarle mayores facultades de control. "Las leyes solas no van a lograr la transparencia. Es necesario un cambio de actitud en la clase dirigente, para entender el reclamo de la ciudadanía", consideró José Manuel Ugarte, uno de los intelectuales que trabajaron en los proyectos. Una de las bases de todo el plan es la regulación del derecho de los habitantes a acceder libremente a la información contenida en los archivos y registros de la administración pública. "El arma del burócrata es el secreto y ése es el caldo de cultivo ideal para la corrupción. En cuanto los ciudadanos puedan conocer cómo actúa determinada dependencia del Estado, la posibilidad de las autoridades de violar las leyes se reducirá notablemente", apuntó Ugarte. Un proyecto en ese sentido tiene dictamen favorable en una comisión de la Cámara de Diputado, pero nunca fue considerado por el cuerpo. Justamente el papel del Congreso es central en las "leyes de mayo". En el proyecto de fortalecimiento del Poder Legislativo se destacan ideas como la creación de una agencia estable de asesores (elegidos por concurso) y el aumento de sus facultades de control sobre el Ejecutivo. También se propone una nueva reforma del sistema nacional de inteligencia que corte las sospechas de que los fondos reservados de las oficinas de ese sector se usan para financiar la política. Para mejorar el control del gasto público se incluye en el paquete de leyes una sobre el denominado "cuerpo de inspectores generales". Estos funcionarios trabajarían en cada uno de los ministerios con la función de auditar a la economía, la eficiencia y la eficacia. Dependerían directamente del Presidente. El Foro de la Transparencia pasará ahora a trabajar en el "lobby cívico" para que sus propuestas lleguen a convertirse en leyes. Las iniciativas Agencia electoral: sería un cuerpo con independencia presupuestaria y partidaria que tomaría todas las decisiones relativas a las elecciones nacionales. Gobierno a la luz: obligaría a todos los órganos colegiados estatales a publicitar sus decisiones. Protección a denunciantes: se garantizaría el trabajo de los empleados públicos que denuncien a sus superiores. Inspectores generales: serían funcionarios con poder para controlar la economía y la eficiencia de cada ministerio, con dependencia directa del Presidente. Acceso a la información: permitiría conocer los archivos estatales y administrativos. Inteligencia: se descentralizarían las agencias para mejorar el control de los fondos reservados. Se aumentarían las facultades de las comisiones de seguimiento parlamentario. Congreso fuerte: se le darían más funciones, como forma de equilibrar los poderes del Estado. Corte para la democracia: es una propuesta elaborada por el constitucionalista Daniel Sabsay para reformar las funciones y la administración central del máximo tribunal.
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