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Argentinos de baja intensidad
Suplemento Zona. Clarín.
En su último paso por Buenos Aires, el politólogo Guillermo 0' Donnell dejó dicho que la democracia argentina genera una ciudadanía de baja intensidad. Es verdad que se es menos ciudadano en un país donde quien posee sus ahorros en un banco se entera por los medios que se devaluaron y que no podrá disponer de ellos; si a quien protesta lo pueden bajar de un tiro; si quien sale de noche con sus amigos termina ahogado en el Riachuelo por un juego de terror policial; si el calendario electoral flamea al viento de intereses parciales, entre otras cosas. En los estados liberales, como pretende ser el que se desprende de la Constitución argentina, un criterio clásico de ciudadanía comprende dos grandes rubros: los derechos civiles (circular, comerciar, casarse, gozar de la propiedad, etcétera ) y los derechos políticos (elegir, ser elegido, participar de la cosa pública, peticionar, reclamar, etc.). Durante el siglo XX este criterio de ciudadanía se amplió con la inclusión del derecho al trabajo y de los derechos sociales: el acceso a la cobertura de las necesidades básicas para una existencia digna. La provisión de justicia, para que todo esto se cumpla, es fundamental. Sin independencia y eficacia del Poder Judicial la ciudadanía tiene otro precio, considerablemente más bajo. El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Juan José Alvarez participa de este criterio actualizado: "La construcción de una sociedad de iguales consiste en la elaboración conjunta y el establecimiento de la ciudadanía, un concepto que va más allá de la vinculación de una persona con el territorio y el derecho. Es una construcción que, por medio del derecho, produce una sociedad sin exclusiones ni marginales. Una sociedad de todos, al servicio de todos, con bases éticas y dirigidas al bien común", definió para Zona . La ciudadanía averiada está en el centro de la deuda interna argentina. Pero no se trata de un problema nuevo. Fue del todo arrasada en los gobiernos de facto y respetada con altibajos por los gobiernos constitucionales. Con la depresión económica y la crisis política, con la institucionalidad tambaleante de la Argentina de comienzos de siglo, el quiebre ciudadano se acentúa aun más. Martín Bohmer, fundador de la primera Asociación por los Derechos Civiles, decano de Derecho de la Universidad de Palermo y profesor de la UBA, es tajante. Dice que la sociedad ignora la existencia del derecho y propone "alfabetizarla para que todos tengan la oreja despierta y traduzcan sus demandas en derechos". ¿Tan así? Sí. Y más. Carlos Nino, el fallecido constitucionalista que asesoró a Raúl Alfonsín definió que, con respecto a la ley, la sociedad padece una anomia boba": todos violamos la ley hasta tal punto que, por hacerlo, nadie obtiene ventajas sobre otros, todo son pérdidas. Así, la sociedad podría quedar representada por la imagen de dos conductores que no respetan los semáforos pero no llegan más rápido a ningún lado sino que chocan y se arruinan o se matan. Bohmer dice que "progresivamente, lo que se perdió con la anomia boba fue la norma. Se terminó la norma. Tras el cacerolazo se perdió una ocasión de imponer nuevas reglas de juego por otras que ya no funcionan". Las falencias tradicionales en la vigencia del derecho se convirtieron en un desmoronamiento con la incautación de ahorros que implicó el corralito ya que se afectó un pilar de la ciudadanía: el derecho a la propiedad. Desde mediados de los 90 diversas ONGs habían comenzado a trabajar con el instrumento del amparo colectivo. Esto parecía contribuir a una mayor conciencia. Con la confiscación de ahorros terminó el sueño: los jueces se negaron a utilizar el amparo colectivo a pesar de los amplios sectores involucrados. El Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, es una entidad que persigue y denuncia específicamente la violación del derecho. El Ministerio de Justicia informó que negocia con esa institución un convenio para hacer un seguimiento estadístico. Este es el panorama que hoy traza el CELS: El 19 y 20 de diciembre de 2001 el Estado dio un salto hacia atrás con el control a sangre y fuego de la protesta social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la ilegalidad del estado de sitio decretado por el ex presidente Fernando De la Rúa. Las muertes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki el 26 de junio de este año, en Avellaneda, acentuaron ese cuadro. La continuidad de la violencia y la represión desde diciembre exhibió prácticas comunes de la policía que ya venía con un alto índice de muertos civiles. Entre 1996 y 2001 se incrementó un 72 por ciento la muerte de adultos y 23 por ciento la de menores. La pauperización social ha provocado en 2001 una explosión en la superpoblación de las cárceles y las comisarías. Esto afecta a los menores y mayores y viola todos los tratados que firmó la Argentina sobre el tratamientos de los presos. Los derechos sociales básicos, los que hacen a la pura sobrevivencia se afectaron con falta de medicamentos en el PAMI y en entidades públicas. Esto afectó a enfermos graves (cáncer, sida, tuberculosis) y ha merecido acciones judiciales. Cuando Domingo Cavallo impuso el plan de déficit cero hubo recortes de planes alimentarios que el CELS califica de "criminales". Las Defensorías del Pueblo promovieron acciones de amparo. No sólo el Estado incumplió con servicios. También empresas de medicina prepaga y obras sociales anularon prestaciones pactadas con sus pacientes en los contratos. Las exacciones a la sociedad, por la vía del corralito o del recorte inconstitucional de salarios, encogieron bruscamente la calidad de la ciudadanía. En ambos casos se afectó la propiedad y la Justicia. Además, dice Víctor Abramovich, director ejecutivo del CELS "la sociedad percibe que la justicia no existe, que todos los fallos, y aun los que puedan favorecerlos, son producto de un juego político y no de la debida actitud de imparcialidad". El analfabetismo judicial del que hablaba Bohmer se manifiesta en el desconocimiento de que el acceso a la Justicia está garantizada en la Constitución. La reforma de 1994 amplió este derecho con la consagración del derecho de amparo. El presidente del Colegio de Abogados, Hugo Germano informó que la institución junto con el Ministerio de Justicia planean ubicar camionetas en las estaciones de trenes para informar a la gente acerca de los derechos que tiene. Claro que antes habría que aceitar los mecanismos de justicia gratuita y, antes aun, facilitar un piso básico siquiera para desearla, en otras palabras para querer ser ciudadano, algo que no aparece en el horizonte de las demandas cuando los derechos económicos boquean hasta la expiración. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) recogidas en mayo de este año los hogares que permanecen debajo de la línea de pobreza llegan a 2.816.000, lo que comprende a 12.453.000 personas. Precisamente, para el secretario de Seguridad Alberto Iribarne "una de las manifestaciones más dolorosas de la devaluación de la ciudadanía es la cantidad de gente que vive en una situación en la que están comprometidos los derechos elementales como la alimentación, la educación y la salud". Del incumplimiento ante la nueva generación de derechos que implican las más modernas definiciones de ciudadanía habla el abogado laboralista Héctor Recalde: "Lo que más impacto tuvo sobre el trabajador activo y jubilado fue la devaluación. No hubo renovación salarial por la vía de los convenios colectivos aunque la canasta familiar haya aumentado en un 63 por ciento. La única compensación fue el ajuste de cien pesos que el 57 por ciento de los empleadores no paga. El gobierno ha pecado de inconstitucionalidad al no convocar al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil". El deterioro salarial ha incidido fuertemente en la seguridad social. Esa corrosión ya estaba precedida por las rebajas de aportes patronales y de la jubilación de los 90. Pero además del incumplimiento en esos pagos, el trabajo en negro ronda el 44 por ciento. Los perjudicados por esta práctica podrían acudir a la justicia para que se les respeten sus derechos. No lo hacen. Y no sólo saben que obtener justicia es arduo. Están seguros de que perderían el trabajo. El mundo de las empresas privadas también ha sumado padecimientos, por caso, las que estaban amparadas por la libre disponibilidad de divisas. Desde el 6 de diciembre no se pueden girar divisas sin rendir cuentas. Javier Fernández Moores, del estudio Llerena y Asociados explica que ahora hay obligación de informar aun operaciones anteriores a la vigencia de esas normas. Explica: "Usted había cobrado en el exterior cinco millones y ahora va a traer esos cinco millones que se van a convertir en cinco millones de pesos. Son cifras muy importantes y el mecanismo afecta al derecho de propiedad y al de libre comercio". Pero el Estado tiene una defección capital, que va más allá de los derechos ciudadanos: su fallida protección al derecho a la vida precisamente por el lado de los abusos, a veces criminales, cometidos por las fuerzas de seguridad. El último "Contrainforme" del CELS, dice que "las violaciones de los derechos humanos cometidas por funcionarios policiales son sin duda uno de los principales problemas que debe enfrentar la democracia argentina. Jóvenes muertos en comisarías, personas desaparecidas después de habérselas visto por última vez al ser detenidas por agentes policiales, terceros muertos en tiroteos innecesarios o supuestos delincuentes que caen abatidos en dudosos enfrentamientos, son sólo algunos casos que la sociedad argentina está acostumbrada a leer en los periódicos todos los días". En el ámbito bonaerense, la misma procuración de la Corte tomó en sus manos la investigación de la muerte de jóvenes muertos en enfrentamientos dudosos, como las de Guillermo Ríos y Fabián Blanco, entre otros siete casos, y formuló la inquietante hipótesis de que uno de los policías involucrados (Hugo Cáceres) manejaría una agencia de seguridad clandestina dedicada a matar chicos con antecedentes penales. Mucho más impacto público tuvo el crimen cometido contra el joven Ezequiel Demonty el 14 de setiembre. Por ese asesinato están procesados nueve policías que, a criterio de la jueza Ana María Bértola, "actuaron como delincuentes" cuando después de torturarlo lo obligaron a saltar al Riachuelo. El 27 de junio del 2000, la Procuración General de la Nación creó una comisión especial de fiscales para investigar ese repetido modus operandi de operativos policiales armados para acusar a inocentes. En junio de 2001 ya había computados 60 casos de falsas detenciones. La defección estatal ante los atropellos y los crímenes cometidos por sus áreas de seguridad se nota, también, en la escasa e imperfecta información que proveen. A subsanar esto se dirige el acuerdo con el CELS que ya está en marcha. Las ONGs que se ocupan del tema y que hacen presentaciones ante tribunales internacionales confeccionan sus estadísticas en base a la información que publican Clarín, La Nación y Página 12. Las investigaciones sobre el abuso policial descubren este patrón de procedimiento: 1) Se construye una versión falsa de los acontecimientos. 2) Se ocultan o destruyen pruebas que incriminen a los policías. 3) se fabrican delitos para acusar a inocentes. 4) se amenaza y se amedrenta o se toman represalias contra testigos, familiares o víctimas. Las últimas cifras disponibles, son de 1999 y hablan de un fuerte aumento de muertos a manos de fuerzas del orden (58 por ciento) y también de policías muertos en enfrentamientos (49 por ciento). Las cifras son todo un tema y en el gobierno se reconoce la deficiencia cuando le entregan a Zona datos que sólo abarcan a la Ciudad de Buenos Aires y a 14 provincias. Faltan, por ejemplo, los números de la provincia de Buenos Aires. Asumiendo esta tremenda imprecisión, los datos oficiales sobre casos de apremios ilegales, torturas y omisión de denuncias progresaron así: 895 casos en 1998; 1010 en 1999; 1338 en 2000 y 731 en 2001. El cuadro se completa con los obstáculos que tiene la Justicia para juzgar a los violadores de derechos humanos y la superpoblación y el hacinamiento en las cárceles donde hay muchos presos sin condena. Otros derechos que se consideran afectados son el de la libertad religiosa por el ripioso derrotero que tuvieron y tienen aún las causas por los megaatentados contra la Embajada de Israel y la AMIA que hicieron un blanco específico de la comunidad judía. También la libertad de prensa. La Asociación Periodistas constató 63 casos de hostigamiento judicial entre 1998 y 1999. En ese período también hubo 68 casos de agresiones contra hombres de prensa; 92 casos de amenazas en forma personal, 60 casos de intimidación y 80 de hostigamiento verbal. Los derechos políticos son el emblema por excelencia de la categoría ciudadana. El ex integrante de la Corte Suprema de Justicia Jorge Bacqué lo analiza en estos términos: "la ciudadanía está devaluada en el sentido de no querer (o no poder) decidirse por un candidato, en no poder ejercer sus derechos políticos porque las circunstancias se lo impiden. Ahora si ampliamos el criterio de ciudadano al de nacional o habitante, cabe ser más optimistas: parecería que quienes habitan el suelo argentino están más dispuestos que nunca a luchar por sus derecho. La ''ciudadanía'' en un sentido amplio se encuentra de pie y consideran moralmente justos medios de lucha que pueden ser controversiales en términos jurídicos." El politólogo Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría, difiere: "El alejamiento de la gente respecto a la política ha terminado siendo una devaluación del ciudadano, aunque las personas no lo vean así. Los argentinos tienen una enorme incapacidad para la acción colectiva y una histórica desconfianza hacia el Estado. Estos dos factores han incidido para devaluar la ciudadanía y producir un bloqueo entre la política y la gente. La política es la articulación del hacer colectivo y esto viene fallando". Para realzar la intensidad de la ciudadanía es posible ensayar un menú de conclusiones desde distintas perspectivas. Desde la acción política Fraga dice: "Sin revincular la política con la gente no hay forma de avanzar hacia una ciudadanía plena". No muy lejos se expide Iribarne: "La alternativa es reconstruir el poder político para generar las condiciones para vivir en un país normal, estable y equitativo. Esto requiere recuperar la confianza en las instituciones, gubernamentales o no. Es interesante destacar, como contracara de la crisis, la valorización de los derechos que la ciudadanía viene asumiendo en torno de la democracia". Bacqué apuesta a la formación ciudadana: "El camino será largo y lleno de inconvenientes, debe pasar por una gran moralización, por eso será tan difícil. Las grandes herramientas serán la salud y la educación". El ministro de Justicia, Alvarez, dice que con miedo no hay ciudadanía, que eliminar la desigualdad que hace a la vida insegura, es el primer paso para "afirmar los valores de la libertad. Ese es un ejercicio que nos pertenece a todos para construir una ciudadanía de iguales". Colaboró Liliana Moreno.
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