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Jueces que marcan un rumbo
Justicia, La Nación
La crisis de la justicia argentina parece haberse transformado en un laberinto al que no se le encuentra la salida. La falta de confianza ciudadana en la independencia de los jueces es un claro reflejo de la debilidad del sistema judicial frente a los embates del poder político. Esa deficiencia, sumada al congestionamiento que se registra en muchos juzgados por el alto número de causas en trámite y a la consiguiente lentitud general del aparato judicial conforman un círculo vicioso preocupante, alimentado por los ocasionales escándalos mediáticos. Distinguir en cada caso lo bueno de lo malo, lo positivo de lo negativo, lo que funciona bien de lo que funciona mal, no es una tarea fácil cuando se trata de examinar la calidad de la administración de justicia. Pero es una tarea que debe ser intentada, pues constituye el primer paso indispensable para avanzar, en el ámbito judicial, hacia la plena recuperación de los valores sobre los cuales se funda la convivencia social. La sociedad civil ha recogido el desafío y ha asumido su parte en el esfuerzo tendiente a lograr un genuino fortalecimiento de las instituciones y, particularmente, del Poder Judicial. Así lo ha demostrado el valioso aporte de la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino, el grupo de trabajo sobre temas institucionales que se constituyó como respuesta a una convocatoria del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Esta última institucion, por otra parte, con motivo de la celebración de su 90° aniversario, entregó recientemente una serie de premios a una decena de juzgados, en un esfuerzo que debe interpretarse también como un importante estímulo tendiente a mejorar el desempeño de los órganos judiciales. Por otro lado, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) instituyeron en 2002 el premio a la Excelencia Judicial, a través del cual se aspira a destacar la labor de jueces independientes y probos y de tribunales de probada eficiencia. En el curso de este año merecieron esta distinción el Juzgado de Comercio Nº 2, a cargo del doctor Juan R. Garibotto, y el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6, constituido por los doctores Guillermo Yacobucci, Ricardo Rongo y Leonardo De Martini. Las virtudes de estos equipos de trabajo -pues se premia a todos los integrantes del tribunal y no solamente a los jueces- pueden servir de guía y ejemplo en el arduo empeño por encontrar la salida de la crisis actual. Importa destacar que el juzgado comercial premiado recibió el mayor número de expedientes ingresados en juzgados de ese fuero durante 2002 (9315 causas). Lejos de caer en el estancamiento o la parálisis, su titular -el doctor Garibotto- se caracterizó en todo momento por su notable contracción al trabajo y por haber priorizado sus tareas en el tribunal por encima de otras actividades (las de orden académico, por ejemplo). Se destacó, asimismo, por su capacidad para buscar soluciones equitativas a los conflictos planteados. Con un uso adecuado de los recursos humanos y materiales, este tribunal ha marcado un rumbo obvio pero digno de ser subrayado: su consigna es trabajar a toda hora con la mayor intensidad. El premio al tribunal oral, entretanto, supone el reconocimiento a su apego a los principios y garantías constitucionales. Lo integran jueces altamente comprometidos con su labor; todos ellos vuelcan en sus sentencias, muchas veces innovadoras, su capacidad académica. La gestión del tribunal es encomiable: utiliza las herramientas procesales -como el juicio abreviado- para privilegiar la celeridad y la prontitud. Con su esfuerzo, aporta una luz de esperanza en medio de la crisis del sistema penal nacional, que a pesar de la enorme inversión realizada -tendiente a dotarlo de tribunales orales- aún no ha producido todos los frutos esperados. La inamovilidad en el cargo y la intangibilidad de las remuneraciones no son un privilegio injustificado de los jueces. Propenden a que la ciudadanía pueda confiar plenamente en que sus magistrados habrán de dedicarse, con ahínco y ejemplaridad, a la altísima responsabilidad de impartir justicia.
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