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No se lograron consensos básicos
Fernando Laborda. La Nación.
¿Qué le pasó a la Argentina? / Incidencia de la política y de sus dirigentes Pocas dudas quedan de que la presente crisis política, económica y social que vive la Argentina es la más grave de su historia. En cambio, resulta difícil explicar lo paradójico de que se registre luego del período más largo de estabilidad institucional desde el golpe militar de 1930. La prolongada recesión económica, el fuerte endeudamiento, la elevada tasa de desempleo, los dramáticos niveles de pobreza e indigencia y el alto porcentaje de la población con insuficiencia alimentaria pese a vivir en el país que más alimentos per cápita exporta en el mundo son datos que encuentran su correlato en el profundo deterioro de la confianza de la ciudadanía en su dirigencia política. Uno de los más palpables indicadores de esta crisis política es que, a menos de seis meses de las anunciadas elecciones presidenciales, ninguno de los precandidatos proclamados supera el 17 por ciento de intención de voto; un hecho que no registra antecedentes en la historia de las encuestas de opinión pública desde 1983. Muchos electores se asemejan hoy a esos consumidores que, en una tienda de ropa, revuelven los productos de la mesa de saldos, comparan precios y calidad, hasta que finalmente, disconformes, optan por no llevarse nada. El electorado está espantado. Sobre todo tras la debacle de la Alianza, una coalición electoral presentada como el equipo de los sueños cuyos artífices nunca supieron convertir en coalición de gobierno. Y, más recientemente, con las nuevas denuncias sobre pedidos de coimas en el Senado, que dan pie para que la ciudadanía equipare al Congreso con un gran "outlet" donde se pueden comprar y vender leyes, en palabras del senador Rodolfo Terragno. ¿Cómo explicar la raíz de tantas frustraciones en un país que en 1910 representaba la mitad del PBI de América latina y que hoy no llega al 10 por ciento? Las respuestas que dan los especialistas relacionan razones históricas y culturales. El estigma del peronismo La Argentina soporta un lastre de casi medio siglo: ningún presidente de signo no justicialista elegido por la ciudadanía ha podido concluir su período constitucional desde que el peronismo vio la luz, en 1945. Ocurrió con Arturo Frondizi y Arturo Illia, cuestionados en su legitimidad de origen por la proscripción del justicialismo y acosados por la presencia de los militares como factor de poder; sucedió con Raúl Alfonsín, que debió abandonar el poder seis meses antes en medio de la hiperinflación y de una crisis de gobernabilidad para entregarle la banda al presidente electo, Carlos Menem. Y aconteció con Fernando de la Rúa, debilitado por las crecientes demandas insatisfechas y por desórdenes sociales en los que el peronismo bonaerense no habría actuado inocentemente. En Estados Unidos, un país tan presidencialista como éste, Bill Clinton gobernó durante ocho años con un Congreso dominado por sus opositores, los republicanos, y nunca se habló de crisis de gobernabilidad como recurrentemente ocurre aquí. Falta de consensos básicos Los orígenes de tal diferencia pueden hallarse en la incapacidad que ha demostrado la dirigencia política argentina para alcanzar consensos básicos que se tradujeran en políticas de Estado sobre cuestiones sustantivas, que quedaran al margen de las disputas y de los intereses partidistas. En los últimos años, parecería que la actual generación de políticos sólo fue capaz de tejer acuerdos relevantes en virtud de intereses personales o partidarios, como el pacto de Olivos. Mucho más que por las limitaciones que puede imponer un sistema presidencialista fuerte, la formación de consensos básicos en torno de políticas de Estado ha fracasado por la tendencia al sectarismo que caracterizó a la clase política. Es un fenómeno que hunde sus raíces en la historia argentina y que, como señala el politicólogo Guillermo O´Donnell, se ha expresado en movimientos que dominaron la escena política alguna vez y pretendieron transformarse en "la síntesis completa de la Nación", lo cual los llevó a caer en vicios autoritarios y excluyentes de quienes no comulgaban con sus ideas. Entre los consensos básicos que la dirigencia política argentina se ha mostrado incapaz de articular se destacan aquellos vinculados con la instrumentación de reformas con vistas al fin de viejos privilegios y a una mayor transparencia pública. "En los Estados Unidos, ante un escándalo de corrupción o financiero, como los de las empresas Enron y WorldCom, el sistema político reacciona y toma medidas en defensa de la ciudadanía. Ante casos semejantes, parecería que en la Argentina los ocupantes del poder se organizan para tapar todo y lograr que nada cambie", afirma el ex fiscal Luis Moreno Ocampo. Entre los especialistas que trabajan en distintas organizaciones no gubernamentales que luchan por la transparencia pública existe coincidencia en que la solución a los problemas argentinos no provendrá sencillamente de figuras providenciales o inmaculadas. Además de una renovación de la dirigencia política y del acceso al poder de gente honesta, hace falta que se generen las condiciones para que las instituciones no puedan ser manejadas discrecionalmente. "Tenemos cargos públicos muy fuertes dentro de instituciones muy débiles, lo que lleva a que haya burócratas que virtualmente privatizan la función pública y tienen capturadas a las instituciones", señala Carlos March, de Poder Ciudadano. De eso debería tratar la verdadera reforma política: de garantizar el fin de los nichos parasitarios en el sector público. O, en otras palabras, de que cada vez menos gente viva de arriba. La ilusión de que el gobierno de transición de Duhalde iba a sentar las bases de esta reforma estructural parece hoy vana. El actual presidente ha exhibido cierta capacidad para administrar la agonía, pero no para resolver la crisis. La transición será bastante más larga y, probablemente, tampoco termine con el próximo gobierno.
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