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Los más denunciados, los más votados
Andres Oppenheimer. El Nuevo Herald.
Un fenómeno asombroso que está teniendo lugar en varios países latinoamericanos es que políticos que han sido objeto de numerosas denuncias de corrupción no sólo siguen activos, sino que figuran bien alto en las encuestas de popularidad. La lógica indicaría que repetidas denuncias de corrupción destruirían la carrera de cualquier político. Sin embargo, no es así. Mirando el mapa electoral de la región, vemos muchos políticos que a pesar de haber sido vapuleados en la prensa por estar presuntamente involucrados en escándalos de corrupción, ocupan lugares claves en la vida política de sus países. En Perú, el ex presidente Alan García, que fue acusado de enriquecimiento ilícito y huyó a Francia luego de su calamitoso gobierno de 1985 a 1990, regresó al país para las elecciones del año pasado y logró un sorprendente 49 por ciento del voto, apenas dos puntos porcentuales menos que el presidente Alejandro Toledo. Según una reciente encuesta publicada en el diario La República, un 69 por ciento de los peruanos lo consideran hoy ''el más importante'' político de oposición. Los cargos contra García fueron sobreseídos por una corte peruana poco antes de su regreso al país, en lo que sus críticos en el Congreso dijeron fue un acuerdo de protección mutua con el ex presidente Alberto Fujimori. En Argentina, el ex mandatario Adolfo Rodríguez Saá, cuyo gobierno de la provincia de San Luis fue blanco de numerosas denuncias de irregularidades administrativas y autoritarismo, figura en primer lugar en las encuestas para la elección presidencial de marzo del 2003. El ex presidente Carlos S. Menem, quien está haciendo frente a investigaciones sobre tráfico ilegal de armas y un presunto soborno de $10 millones, figura tercero en las encuestas. En Brasil, el ex presidente Fernando Collor de Melo, que fue sacado del gobierno por un escándalo de corrupción en 1992, está volviendo al escenario político. Collor figura primero en las encuestas para ganar la gobernatura de su estado, Alagoas, en las elecciones del 6 de octubre. El ex alcalde de Sao Paulo, Paulo Maluf, que según denuncias que están siendo investigadas habría juntado una fortuna no reportada al fisco de hasta $200 millones, está primero en las encuestas para ganar la gobernación de Sao Paulo. Y el gobernador del distrito federal, Joaquim Rorizu, que también está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, figura como favorito para ganar la reelección. Por cierto, América Latina no es el único lugar donde son reelegidos políticos cuestionados por presuntos hechos de corrupción. El ex alcalde de Washington D.C., Marion Barry, fue reelegido luego de aparecer en un video fumando crack con una prostituta, y Miami tiene una buena colección de funcionarios públicos que volvieron a ganar elecciones después de escaramuzas con la ley. Una posible explicación de la tolerancia con la corrupción es que, en muchos lugares, los medios publican una avalancha de denuncias que en algunos casos no están debidamente sustentadas. La profusión de denuncias, o ''denunciología'', termina produciendo un efecto anestesiante sobre el publico, que termina descreyendo de la mayoría de las denuncias. Otra posible explicación es que, en países con sistemas judiciales corruptos, la gente no sabe quién es más malo, el político acusado de corrupción o los jueces que lo investigan. Y también ocurre que, en medio de crisis económicas, prevalezca la tolerancia con el político que ``roba, pero hace''. ¿Es posible cambiar la cultura de la corrupción? Los expertos coinciden en que con una combinación de medidas policiales, liberalización de ciertos sectores de la economía, transparencia y campañas de educación pública, los países pueden derrotar la corrupción. ''Hong Kong y Singapur han pasado en los últimos 15 años de tener una cultura de corrupción a convertirse en ejemplos de países que han logrado controlar la corrupción'', me señaló Daniel Kaufmann, el jefe de la unidad anticorrupción del Banco Mundial. Y tampoco es cierta la teoría de que los países latinoamericanos estén condenados por su historia o cultura a ser corruptos. Chile y Costa Rica tienen niveles de corrupción tan bajos como los de la mayoría de los países europeos, según lo demuestran varios estudios. No sería una mala idea que las organizaciones internacionales anticorrupción, como Transparencia Internacional, comiencen a emitir informes sobre los candidatos políticos en materia de corrupción, de la misma manera en que Amnistía Internacional emite informes sobre líderes políticos en materia de derechos humanos. ¿Por qué no? Quizás sea hora de combatir no sólo los actos de corrupción, sino también la tolerancia con la corrupción.
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